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Reforma Colombia

Desde Dejusticia consideramos importante una reforma tributaria: el país tiene enormes retos para atender el estallido social de los últimos meses, y a su vez debe demostrar gobernabilidad fiscal ante los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo. | Ricardo Arce, Unsplash

La reforma tributaria: una oportunidad perdida

Infortunadamente se tomó la decisión con menos costos políticos, que ignora la mayoría de aspectos positivos de la reforma pasada, desperdiciando la oportunidad de dar pasos a la reforma estructural que requiere el país en materia tributaria.

Por: DejusticiaAugust 30, 2021

La propuesta busca generar alrededor de 15 billones de pesos en nuevos recursos para financiar programas sociales, la reactivación económica y el pago de la deuda. En esta oportunidad, la reforma no toca IVA a bienes y servicios básicos ni impuesto de renta a personas de la clase media. Sin embargo, la reforma no contribuye a que Colombia tenga un sistema tributario más justo, se enfoca casi exclusivamente en los impuestos a empresas, se salta la creación de un impuesto a las bebidas endulzadas y en general no contribuye a reducir la desigualdad.

Las reformas tributarias han sido uno de los principales temas de debate nacional en los últimos años y han mostrado ser el talón de Aquiles del gobierno de Iván Duque. Su reforma de 2018 fue declarada inconstitucional debido a vicios procedimentales por la Corte Constitucional y, en su segundo intento, aunque fue aprobada a pesar de sus críticas, fue uno de los causantes principales para el 21N y las jornadas de protestas que le prosiguieron.

La última propuesta de reforma tributaria, presentada por el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y que buscaba recaudar más ingresos para hacer frente a los gastos extraordinarios originados por la pandemia de la COVID-19, motivó el llamado a las calles del Paro Nacional que inició el 28 de abril de este año y que aún convoca a la movilización.

Después de la decisión del Gobierno de retirar el articulado, desde Dejusticia y junto a la Red de Trabajo Fiscal, expresamos que la construcción de una futura reforma debería basarse en los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, así como en principios de derechos humanos. Aplicando estos principios a las reformas de impuestos y gastos se permitirían subsanar algunos elementos estructurales del sistema tributario que elevarían el recaudo al mismo tiempo que contribuirían a cerrar la indigna brecha de ingreso que existe en nuestro país.

Nuestras advertencias son apenas lógicas en un contexto en el que el sistema tributario colombiano actual recauda poco, es injusto y no contribuye a reducir la desigualdad, la cual se ha profundizado en la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, este miércoles el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, radicó ante el Congreso de la República la ponencia de un nuevo proyecto de reforma tributaria: 56 artículos que desafortunadamente pasan por alto nuestras recomendaciones, y las de múltiples comisiones de expertos convocadas por el mismo Gobierno. Por el contrario, el recaudo se enfoca en el aumento de impuestos a las empresas, así como en recaudar otorgando nuevamente una normalización tributaria, reduciendo el gasto de funcionamiento del Estado y luchando contra la evasión de impuestos.

Desde Dejusticia consideramos importante una reforma tributaria: el país tiene enormes retos para atender el estallido social de los últimos meses, y a su vez debe demostrar gobernabilidad fiscal ante los mercados internacionales y las calificadoras de riesgo. No obstante, la propuesta que entró a discusión en primer debate en el Congreso esta semana tiene peros que exponemos a continuación:

 

No logra resolver problemas relacionados con la desigualdad

Como lo expresamos en el lanzamiento de nuestra más reciente colección de libros sobre desigualdad y derechos humanos, en los últimos 30 años y de acuerdo con la Cepal, Colombia ha sido uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo. Esto se ve reflejado, entre otros, en que el 48,6% del ingreso nacional lo reciba el 10% de la población más rica mientras que el 50% de la población con menores ingresos recibe únicamente el 12% de este. La enorme desigualdad resulta aún más problemática en un contexto como el colombiano, en el que los índices de pobreza son muy elevados y se han agravado con la crisis generada por el coronavirus.

En ese sentido, esta propuesta de reforma tributaria debería tener como prioridad mantener y fortalecer los programas sociales existentes y corregir la tributación del 1% de mayores ingresos de la población. Si bien esta se acerca a este objetivo con la ampliación del Programa Ingreso Solidario (PIS), el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), y apoyos en educación y empleo sobre todo a población joven, las fuentes de este recaudo no contribuyen a la disminución de la desigualdad. Esto, ya que ignora por completo los impuestos a las personas naturales de mayores ingresos, donde aún se pueden corregir muchos elementos para que haya mayor progresividad y mayor recaudo. Por ejemplo, la reforma no contempla un aumento de las tarifas de tributación de rentas de capital, de dividendos y las llamadas “Ganancias Ocasionales” que son comparativamente más altas en países de la OCDE. Tampoco contempla un impuesto solidario extraordinario a las personas de mayores ingresos para afrontar la pandemia como recomiendan entidades multilaterales, ni un impuesto al patrimonio con una base más amplia y tarifas progresivas (el actual impuesto al patrimonio pierde vigencia este año).

Por el contrario, la reforma eleva la tarifa de tributación a empresas al 35%. Esto va en contra de absolutamente todas las recomendaciones que se han hecho en materia tributaria, donde se señala que el país debe disminuir su dependencia a ingresos provenientes del impuesto de renta corporativo, eliminar el abultado número de beneficios tributarios a empresas, y bajar la tasa nominal por debajo del 30%. Aunque los factores para la inversión extranjera son múltiples (infraestructura, seguridad, estabilidad política), la tarifa de tributación a empresas es un elemento que también se tiene en cuenta y una tarifa tan alta puede tener repercusiones negativas en este tema. Asimismo, una tarifa de tributación de 35% es perjudicial para la creación de empresas en el país y a su vez para la generación de empleo. 

 

No se incluyó un impuesto saludable a las bebidas endulzadas ni impuestos verdes

Desde la Red de Trabajo Fiscal y la Alianza por la Salud Alimentaria hemos insistido en que Colombia necesita crear un impuesto (sobretasa) al consumo de bebidas azucaradas cuyos recaudos sean utilizados en programas de salud pública.

Un impuesto a las bebidas endulzadas con una tarifa del 24% podría reducir la obesidad de los hogares de ingresos más bajos entre 5% y 10%, y recaudar (según cálculos de la Red, basados en estimaciones del Gobierno durante la exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016) más de 1 billón de pesos, los cuales deberían servir para mejorar la salud pública. 

Desde 2016 se está contemplando la posibilidad de incluir este impuesto en el código tributario, sin embargo la oposición que ha recibido por parte de la industria de estos productos y los congresistas que representan sus intereses ha hecho imposible que esto se lleve a cabo, siendo Colombia junto a Venezuela y Guyana los únicos países de la región que no tienen algún tipo de impuesto a estos productos ultraprocesados. El Gobierno de Iván Duque no ha incluido este impuesto en ninguna de sus tres reformas tributarias y las justificaciones que ha dado a la ciudadanía son insuficientes. 

La reforma también excluye impuestos verdes que permitirían ampliar la contribución del país en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, no se contempla la reformulación del impuesto nacional al carbono, que debe aumentar su tarifa por tonelada de CO2 y la base gravable para incluir la quema y exportación de carbón. Este impuesto tiene pocos impactos regresivos si se tiene en cuenta que la matriz energética del país depende mayoritariamente de energía hidroeléctrica (casi un 70%), a la cual no se le aplicaría el impuesto y por tanto no tendría impactos en el costo del servicio de energía eléctrica. Sin embargo, se optó por no incluir esto en el nuevo articulado.

Una oportunidad que no fue

La reforma actual logra recaudar recursos para financiar programas orientados a mitigar los impactos económicos y sociales de la pandemia, disminuir el déficit fiscal actual y el aumento de la deuda. No obstante, en comparación con la reforma pasada es mucho menos ambiciosa. Muchos de los elementos que resaltamos en esta nota estaban contenidos en la anterior. Se esperaba entonces que el Gobierno escuchara a la población que salió a las calles a inicios de año y eliminara los puntos más problemáticos de la reforma pasada —como lo eran la eliminación del régimen exento de IVA y la ampliación de la base del impuesto de renta a personas—  y mantuviese los aspectos positivos de la reforma fallida en términos de mayor tributación de personas naturales, impuestos verdes y eliminación de beneficios tributarios.

Infortunadamente se tomó la decisión con menos costos políticos, que ignora la mayoría de aspectos positivos de la reforma pasada, desperdiciando la oportunidad de dar pasos a la reforma estructural que requiere el país en materia tributaria. Aunque se celebran algunos aspectos, como trabajar en las medidas que reducen la evasión de impuestos y la reflexión sobre la calidad del gasto público, la reforma no resuelve nuestro gran problema de fondo: la desigualdad. Se desperdicia la oportunidad de construir un sistema tributario más justo.

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