En días pasados, las redes sociales reprodujeron un comunicado de Judicial Watch, según el cual dicha organización habría presentado una demanda contra el Departamento de Estado de EE.UU., solicitando información sobre las relaciones contractuales entre el gobierno estadounidense y fundaciones de Colombia relacionadas con Open Society y George Soros en Colombia. Dado que Dejusticia fue mencionada en el comunicado, nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones en relación con las imprecisiones de Judicial Watch.

Sobre Dejusticia

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) es una entidad sin ánimo de lucro, creada por profesores universitarios con el fin de trazar un puente entre la academia y la esfera pública. Durante quince años, hemos llevado a cabo estudios, participado en debates y adelantado acciones jurídicas que promueven una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado de derecho, la equidad social y los derechos humanos en los ámbitos nacional e internacional.

Por principio y por práctica institucional, nuestras investigaciones e intervenciones son independientes de los lineamientos y posiciones de actores públicos o privados, nacionales o extranjeros, sean ellos gobiernos, partidos políticos, entidades del sector privado u organizaciones filantrópicas. Como lo muestra el hecho de haber debatido con actores de muy diversas tendencias ideológicas a lo largo de los años, los temas que trabajamos y las propuestas que formulamos están guiadas por criterios de independencia académica y relevancia pública.

Como en el caso de otros centros de pensamiento dentro y fuera del ámbito universitario, la financiación de Dejusticia proviene de diferentes fuentes que incluyen la cooperación internacional, fundaciones filantrópicas internacionales, convenios interinstitucionales y contratos de asesoría o consultoría. En todos ellos, Dejusticia exige libertad académica en sus estudios y el contenido de sus acciones.

Nuestras actividades atienden a un plan estratégico institucional que consagra los objetivos y las líneas de trabajo de corto, mediano y largo plazo. Cada vez que participamos en una convocatoria o presentamos una propuesta de financiación, revisamos los fines y objetivos estratégicos de cada posible financiador para definir si son compatibles con los nuestros. Si no lo son, nos abstenemos de participar.

Dejusticia trabaja en una amplia gama de temas. Como lo conoce la sociedad y la opinión colombiana e internacional, hemos colaborado con una amplia gama de actores públicos y privados –desde entidades estatales y supranacionales hasta pares académicos, pasando por medios de comunicación, movimientos sociales y empresas, entre otros—para promover múltiples causas como la defensa de la democracia y el Estado de derecho, la lucha contra la discriminación de género y étnico-racial, la equidad económica, la justicia ambiental, la libertad de expresión, la transparencia y la lucha contra la corrupción, entre muchas otras.

Nuestro trabajo por la paz en Colombia

Entre esas causas ha estado la búsqueda de una solución pacífica y negociada al conflicto armado, que logre un balance entre el fin del conflicto y los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Como lo muestra nuestra serie de publicaciones Ideas para construir la paz, nuestra labor en este frente incluye, entre otras, estudios y propuestas sobre los cambios institucionales que creemos serían necesarios para una paz estable y duradera, como una política agraria más equitativa, una reforma política que profundice la democracia, políticas ambientales robustas en el posconflicto, una política de drogas con perspectiva de derechos humanos y una justicia transicional centrada en los derechos de las víctimas.

En este contexto, el trabajo de Dejusticia sobre justicia transicional y política de drogas, que tendenciosamente señala Judicial Watch, se enmarca nítidamente en nuestras políticas de independencia institucional y académica. Aunque, como lo señaló La Silla Vacía, Judicial Watch goza de escasa credibilidad y “es una organización que entre otras cosas, niega que exista el cambio climático y ha denunciado falsamente que había campamentos de ISIS en México”, creemos importante no dejar sin responder sus afirmaciones imprecisas sobre nuestro financiamiento y nuestro trabajo por la paz.

Nuestra financiación de USAID y OSF

En cuanto a nuestras relaciones con USAID, hemos ejecutado seis contratos con su financiación directa o indirecta desde 2012, año en que se iniciaron las negociaciones de paz. En 2012, los fondos recibidos de USAID no estuvieron relacionados con el proceso de paz y representaron el 7.2% de nuestro presupuesto anual. El apoyo de dicha agencia para nuestro trabajo por la paz se dio en 2016 y 2017, cuando
representó 3.5% y 0.7% de nuestro presupuesto anual, respectivamente. En ninguno de esos casos, USAID ha incidido en los contenidos o el sentido de nuestros estudios o propuestas, y todos ellos pasaron previamente por nuestro examen de compatibilidad entre los objetivos de Dejusticia y los de las convocatoria de USAID.

Aunque el apoyo de las fundaciones Open Society (OSF) es más antiguo e integral, en ningún momento ni OSF ni alguno de sus miembros ha incidido o buscado incidir en el contenido o el sentido de nuestros estudios y propuestas, ni sobre la paz en Colombia ni sobre los muchos otros temas que trabajamos con su respaldo y el de otras entidades filantrópicas, tanto nacional como internacionalmente. A lo largo de nuestros quince años de existencia, hemos recibido múltiples donaciones de OSF y ninguna del Sr. Soros directamente. Desde que se inició el proceso de paz (2012) hasta hoy, hemos recibido 25 donaciones de Open Society, que representan el 20.8% de nuestros ingresos en ese periodo.

Es importante aclarar que, contrario a lo que parece implicar Judicial Watch, la gran mayoría de esos fondos han financiado nuestra labor institucional sobre todas las causas que trabajamos en general, y no solo o específicamente nuestras investigaciones y propuestas sobre la paz. La única donación concretamente relacionada con el proceso de paz tuvo como objeto la colaboración con diversos sectores sociales en el proyecto La Paz Querida, que buscaba incluir las voces de la ciudadanía en la discusión sobre la implementación de los acuerdos de paz y que representó 1.5% del presupuesto de Dejusticia en 2016 y 1.9% en 2017.

Finalmente, dado que Judicial Watch menciona específicamente a nuestro colega y cofundador Rodrigo Uprimny, cabe aclarar que Rodrigo fue director de Dejusticia desde 2005 hasta octubre de 2015, mes en el cual cual asumí la dirección de la organización y él se dedicó a la investigación en Dejusticia. Como investigador y con el apoyo del equipo de Dejusticia, Rodrigo elaboró análisis y estudios en asuntos constitucionales y legales relacionados con los cinco puntos de la agenda de negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, con financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, pero aplicando las reglas con que siempre Dejusticia ha operado, esto es, conservando nuestra independencia de criterio en esos análisis tanto frente al Estado noruego como al gobierno colombiano y las FARC. Para Dejusticia, el aporte de Rodrigo Uprimny y todo el equipo de investigadores constituye un logro institucional, en el que estamos convencidos de haber contribuido a la construcción de la paz en Colombia, siempre con independencia académica y con el propósito de promover un debate informado y razonado sobre los complejos desafíos institucionales que esa labor plantea.

Los alegatos de Judicial Watch, según los cuales USAID estaría financiando objetivos similares a los de las fundaciones de Open Society, no son ningún hallazgo. En el fondo, buscan privar de financiación a las organizaciones de la sociedad civil que tienen visiones distintas a las suyas. Una vez desprovistos de su tono tendencioso, las afirmaciones de Judicial Watch simplemente registran el hecho de que tanto la cooperación estadounidense como Open Society y un gran número de entidades de investigación universitaria y centros de pensamiento colombianos e internacionales, entre ellos Dejusticia, hemos creído en el valor de contribuir a la paz en Colombia con ideas, estudios y propuestas.

César Rodríguez Garavito
Director, Dejusticia