“Caminamos como ni te imaginas. Una noche me dio un ataque de ansiedad y no paraba de llorar. Le preguntaba a mi esposo una y otra vez cómo se le había ocurrido traernos acá.” Estas son las palabras de Yermaris, una mujer venezolana que cruzó la selva colombo-panameña con su marido y su hijo de 6 años en 2022. Aproximadamente 328.000 venezolanos, equivalente al 1% de la población de Venezuela, cruzaron el Darién en 2023 como Yermaris. Como nos cuenta ella, las personas que migran por esta ruta sufren múltiples violaciones de derechos humanos, pues corren riesgos de muerte, amenazas y extorsión durante su trayecto. También deben enfrentar posible ahogamiento, deshidratación, ataques de animales salvajes y enfermedades transmitidas por el agua y vectores. La situacion es especialmente preocupante para las mujeres migrantes, ya que la violencia sexual es común, tanto como por parte de las fuerzas fronterizas panameñas y de organizaciones criminales, las cuales han ido aumentando con impunidad.  

Para personas venezolanas como Yermaris, la razón fundamental que los empujó a migrar por el Darién fue la Emergencia Compleja Humanitaria de su país, que ha generado más de 6.5 millones de migrantes en Latinoamérica y el Caribe. Y aunque la nacionalidad que más cruzó el Darién en 2023 fue la venezolana, las causas de este fenómeno migratorio son múltiples y complejas; la crisis humanitaria en Haití, la violencia en Ecuador, los  conflictos territoriales y despojo de tierras en África, el autoritarismo y la profunda desigualdad socioeconómica de algunos países en Asia, por mencionar solo algunos.

Sin embargo, también consideramos importante resaltar dos situaciones de política interna y externa migratoria de los países de Latinoamérica y el Caribe que han marcado esta tendencia. Por un lado, las políticas deficientes de regularización y de regímenes de visados, influenciados por intereses estadounidenses y, por otro lado, la aplicación de modelos principalmente punitivos e inadecuados contra el tráfico ilícito de migrantes.

Una crisis compartida: el papel de Latinoamérica en su creación y gestión

Aproximadamente 70% de los venezolanos que huyen de esta Emergencia Compleja Humanitaria se han dirigido hacia Colombia, Perú, Ecuador, o Chile. Los flujos por el Darién se pueden caracterizar como un proceso de remigración, ya que algunas encuestas indican que la mayoría de los venezolanos que cruzan la selva no están migrando por primera vez, sino que vivían en uno de estos cuatro países receptores. Esto podría atribuirse, entre otras causas, a la incapacidad institucional de ofrecer vías accesibles de regularización para las personas migrantes y el aumento de exigencias para la obtención de la visa y asilo,  el cual ha estimulado este segundo éxodo.  

Inicialmente, Chile, país que ha recibido casi 500.000 migrantes venezolanos, adoptó un enfoque acogedor hacía los venezolanos. A medida que aumentaron los flujos migratorios, crecieron las restricciones migratorias, y ya para septiembre de 2023, no existían vías de regularización para las personas que entraron al país sin documentos. En Perú y Ecuador, muy pocas personas migrantes han podido obtener residencia permanente, debido a condiciones restrictivas como costos altos, o requisitos de documentación. Sin estatus regularizado, los migrantes venezolanos permanecen en una posición económica precaria, sin acceso a los servicios públicos y hasta empleo formal. Se puede decir que la crisis migratoria por la selva colombo-panameña se agudizó debido a tal falta de políticas eficaces en países latinoamericanos para integrar a los migrantes económicamente, lo cual ha empujado a muchos migrantes a buscar mejores oportunidades económicas en los EEUU. 

El aumento de exigencias de visados para venezolanos en los últimos años, influenciado en parte por la política migratoria de contención de los EEUU, explica estos flujos migratorios por el Darién. Hoy  en día, los venezolanos no pueden entrar regularmente en ningún país centroamericano sin visado. Esto, a pesar de los estudios que han demostrado que estas restricciones de visado para los venezolanos en Chile, Ecuador y Perú sólo aumentaron las entradas irregulares y retrasaron la integración económica de los migrantes. Cabe resaltar que esto va en contra de la resolución de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exhorta a países de la región a liberalizar visas para venezolanos y  ampliar los canales para una migración regular, segura, accesible y asequible. Sin embargo, las restricciones en el otorgamiento de visas, como la militarización fronteriza, forman parte de las tácticas de Estados Unidos para contener la migración al sur de su frontera; la decisión de México de exigir visas a los venezolanos en 2022 se tomó  bajo presión de los Estados Unidos y sirve como ejemplo de la externalización de políticas migratorias estadounidenses. 

En julio de este año, EEUU se comprometió a ofrecer consultas técnicas y apoyo en cuestiones migratorias a Panamá, ofreciendo más de 6 millones de dólares para equipar y entrenar a sus fuerzas fronterizas nacionales, las cuales han estado involucradas en situaciones de vulneraciones de derechos humanos, incluso violaciones sexuales, contra migrantes en el Darién. Con vuelos financiados por EEUU, Panamá ha deportado a migrantes de nacionalidad india, ecuatoriana y colombiana desde el Darién. Esto parece comprometer sus obligaciones internacionales de no devolución. Consideramos que es crítico que los países latinoamericanos no acojan este modelo de gestión fronteriza impulsado por los EEUU; este trata a los migrantes como amenazas a la seguridad nacional, en vez de personas en situación de vulnerabilidad. 

La ‘guerra’ contra el tráfico ilícito de migrantes: ¿quién sufre las consecuencias?

Basta con leer titulares sobre el Darién para notar que gran parte de las ‘soluciones’, especialmente influidas por EEUU, para frenar la migración por la selva se concentran en desmantelar redes criminales de tráfico de migrantes. Tanto la legislación internacional, incluyendo el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, como gran parte de la política nacional pintan a todos quienes prestan servicios a migrantes ‘ilegales’ como criminales peligrosos. Lo anterior, sin distinguir la labor, oficio y nivel de responsabilidad que tienen las personas que participan en esta economía ilícita. Esta no solamente tiende a ignorar las causas de migración subyacentes ya descritas sino que también puede producir iniciativas que pueden incluso destruir economías locales para pueblos de tránsito, las cuales, en Colombia, se tratan de comunidades económicamente marginalizadas. 

Aunque los flujos migratorios, y los aproximadamente 350 migrantes que duermen en las playas de Necoclí, han puesto en tensión los servicios públicos de estos municipios, la prestación de servicios básicos de subsistencia a las personas migrantes también se ha vuelto parte de las economías locales. Aunque se debe reconocer la vulnerabilidad de las personas migrantes ante abusos de los traficantes, un estudio de la Universidad de Antioquia indica que las personas locales de Urabá que brinda servicios puntuales a personas en camino al Darién muchas veces no tienen vínculos directos con grupos armados, ni forman parte de una red organizada de traficantes de migrantes. Además, Necoclí, Turbo y Acandí, son municipios históricamente desatendidos, donde la población local, principalmente afrodescendiente, no cuenta con una oferta institucional sólida lo que se traduce en falta de oportunidades de empleo formal y deficiente acceso a los servicios públicos básicos. Por lo tanto, es crucial, como lo ha empezado a hacer el Plan Integral de Atención y Acompañamiento al Darién (PIAAD), asegurar que las políticas públicas para abordar la crisis en el Darién tomen en cuenta las necesidades y aportaciones de las comunidades en pueblos de tránsito. 

Hacia una política migratoria regional, con enfoque de derechos humanos

El papel coordinado de los países latinoamericanos es crucial para que la migración venezolana se gestione adecuadamente y se garanticen rutas seguras, regulares y accesibles en los siguientes meses, en los cuales se predice un aumento del flujo migratorio de personas venezolanas. Desde que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano validó, sin evidencia, la reelección de Nicolás Maduro, uno de cada dos venezolanos encuestados piensa en la posibilidad de emigrar. Para prevenir la profundización de la crisis en el Darién, los países de la región no pueden seguir cometiendo viejos errores, o gestionar la migración con políticas de militarización y contención.

“No, yo no me volvería a arriesgar. El [camino del] Darién pareció fácil, comparado con la que luego experimentamos en las fronteras. Todo ese tiempo le rogaba a Dios que no me tocara un militar como le tocó a mi hermana”. Esto contaba Yermaris mientras relataba su experiencia de 38 días cruzando Centroamérica para llegar hasta los EEUU, siendo testigo de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Tales historias podrían ser menos frecuentes si aumenta el compromiso de los países de la región de desarrollar políticas migratorias adecuadas, teniendo en cuenta las necesidades del contexto, en las cuales se ofrecen canales de migración seguros, como lo hizo, por ejemplo, la Unión Europea con la migración ucraniana derivada de la guerra. La región latinoamericana tiene una responsabilidad de seguir las recomendaciones de la CIDH, y gestionar la migración por el Darién con un enfoque de derechos humanos, considerando las causas subyacentes de la migración, las necesidades de los pueblos de tránsito y limitando el enfoque militarista.