Muy poca gente había oído mencionar a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Hasta ayer, cuando estuvo en el centro de la polémica: el presidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez la acusó de asumir funciones que no tiene. Y luego, la misma presidente del Consejo Superior de la Judicatura desautorizó en un comunicado al jefe de esta sala cuando salió a defenderse de las acusaciones de Ibáñez.

La polémica se disparó por el caso de la representante a la Cámara Sandra Arabella Velásquez, a quien la Corte Suprema había condenado a seis años de prisión por el uso indebido de un avión de la Fuerza Aérea. Pero a través de una tutela, Arabella consiguió que la Sala Disciplinaria revocara el fallo de la Corte y emitiera en reemplazo otra sentencia que la dejaba en libertad.

A pesar de lo escandalosa que puede ser esta decisión, lo cierto es que los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura están de alguna forma cumpliendo lo que le prometieron a los congresistas cuando los eligieron: que la Corte Suprema de Justicia no tendría la última palabra en las investigaciones contra ellos.

“Vamos a trabajar por que la Justicia sea objetiva, imparcial, vamos a trabajar porque en este país casi único en el mundo no existen las garantías procesales, no existen los derechos fundamentales, los más preciados del hombre como son el debido proceso y claro que sí, la doble instancia”. Con estas palabras, Pedro Alonso Sanabria le agradeció a los congresistas su elección como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) en 2008.

No fue el único. “En mí van a tener, y lo digo sin recato, una persona en la rama judicial que siempre estará atento a lo que se diga en este Congreso” – dijo un emocionado Ovidio Claros, hoy presidente de la Sala Disciplinaria, el día de su elección, también en 2008 – “Espero ser el magistrado modelo, pero siempre defendiendo lo que hay que defender, la justicia en Colombia, el debido proceso, la doble instancia en Colombia, a eso es que voy al Consejo Superior de la Judicatura”. Y remató: “muchas gracias de verdad y los quiero mucho”.

Estas declaraciones son al menos extrañas frente a las funciones que, en teoría, debe desempeñar un magistrado de la Sala Disciplinaria: decidir quién se queda con un proceso cuando existe un conflicto de competencia entre jueces (por ejemplo, entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria), e investigar y sancionar a jueces y abogados.

Si bien estas funciones no tendrían mucho que ver con el Congreso, los discursos de Sanabria y Claros les llegaban al corazón a los parlamentarios. Mediante decisiones de acciones de tutela, la Sala Disciplinaria podría abrirle un boquete a los procesos que lleva la Corte Suprema contra los congresistas. Y eso es exactamente lo que están haciendo.

Además del caso Arabella Velásquez, el ex congresista Miguel de la Espriella, condenado por parapolítica, recuperó la libertad mediante una tutela concedida por la Sala Disciplinaria por haber cumplido tres quintas partes de su condena. Y aunque el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) no ha favorecido en todos los casos a los congresistas que han puesto acciones de tutela – en marzo de 2009, le negó una acción al ex congresista Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica, y una al ex representante Luis Fernando Almario, investigado por posibles vínculos con el asesinato de los Turbay Cote – se teme que la decisión de Arabella abra la puerta para desmontar todos los procesos de la parapolítica.

Una pieza de la estrategia

Desde que el escándalo de la parapolítica estalló, los congresistas y el Gobierno comenzaron a oponerse a las investigaciones de la Corte Suprema y a buscar fórmulas para frenar los procesos. Una de ellas fue la renuncia del fuero para ser juzgados por la Fiscalía, que fracasó cuando la Corte Suprema cambió su jurisprudencia y retomó los casos; otra, la propuesta del partido de La U y del Gobierno de crear un tribunal especial para juzgar a los congresistas. Este anuncio también generó una acalorada protesta de la Corte Suprema. Por último, con este episodio queda claro que con un perfil politizado, la sala disciplinaria del CSJ es una nueva carta para enfrentar el poder de la Corte Suprema frente a los parapolíticos.

Al igual que Pedro Alonso Sanabria y Ovidio Claros, entre 2007 y 2008 llegaron a la Sala Disciplinaria personas cercanas a la coalición de Gobierno (ver gráfica abajo). Todos los siete magistrados de esta sala son nombrados por el Congreso de ternas enviadas por el Presidente. Mientras en su primer periodo, Álvaro Uribe tuvo una Sala Disciplinaria nominada por Andrés Pastrana y electa por otro Congreso, para su segundo periodo pudo proponer a todos sus integrantes. La cercanía con el Gobierno también quedó de presente cuando, a través de una tutela, la Sala Disciplinaria ordenó que en la sentencia de la Corte Suprema sobre Yidis Medina se borrara la mención del ministro de Protección Social Diego Palacio. Una orden que al final la Corte Constitucional terminó tumbando.

La falta de independencia de esta sala después de la reelección, la documenta el estudio ‘Mayorías sin democracia’ de Mauricio García y Javier Eduardo Revelo, del centro de pensamiento Dejusticia. «Todo parece indicar que el principal criterio para elegir a los nuevos miembros fue su adscripción partidista: cada partido de la coalición de Gobierno conformó una o dos ternas y, por tanto, eligió a su magistrado», dicen los autores. Además, en septiembre pasado, Noticias Uno afirmó que varios de los magistrados de la Sala Disciplinaria tienen vínculos con congresistas involucrados en la parapolítica o investigados penalmente.

El conflicto entre la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura tenderá a agudizarse y terminará arrastrando a la Corte Constitucional, que tendrá que decidir el caso de Arabella y los otros que posiblemente llegarán.

Estos son los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y sus afiliaciones partidistas:

María Mercedes López Mora

Abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con especialización en ciencias penales y criminología. Fue magistrada auxiliar y magistrada encargada del CSJ. Viene del Partido Conservador.

Angelino Lizcano Rivera

Abogado de la Universidad Libre. Fue secretario general de la Cámara de Representantes hasta su elección como magistrado. Fue gerente de la Empresa de Licores de Caquetá. Estuvo en el Partido Liberal, pero llegó al CSJ por Cambio Radical.

Julia Emma Garzón de Gómez

Abogada de la Universidad del Cauca con especializaciones en derecho penal y derecho público. Fue magistrada auxiliar del CSJ, y pasó por la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos. Partido de La U.

José Ovidio Claros Polanco

Abogado de la Universidad Libre con especializaciones en derecho público y derecho penal. Ex contralor de Bogotá y ex representante a la Cámara por Bogotá. Estuvo en el Partido Liberal y pasó a Colombia Democrática.

Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Abogado de la Universidad Libre especialista en derecho público. Ex diputado a la asamblea de Boyacá y candidato en dos ocasiones a la Gobernación de ese departamento. Partido Conservador.

Henry Villarraga Oliveros

Abogado de la Universidad Autónoma. Experto en derecho electoral, fue consultor independiente y litigante. Cambio Radical.

Nancy Ángel Müller

Abogada y especialista en derecho administrativo de la Universidad Santo Tomás. Fue magistrada auxiliar del CSJ y está actualmente en encargo. Sin determinar su filiación política.*