EL PRESIDENTE HUGO CHÁVEZ HA sostenido varias veces que, como las leyes pueden ser injustas, el Estado de Derecho, es decir, el Estado regido por leyes —no por voluntades personales—, debe ser reemplazado por lo que él llama “Estado social de derecho y de justicia”.

Según Chávez, “…el mundo está lleno de Estados de derecho que al mismo tiempo son Estados de injusticia”, por eso, lo que nosotros queremos es “un Estado de derecho y de justicia”.

Chávez no es el primer gobernante latinoamericano al que se le ocurre poner la justicia por encima de la Constitución y de la ley. Casi todos los defensores del caudillismo —de derecha o de izquierda— lo han hecho antes, aunque a veces han cambiado la palabra justicia por otras como libertad, desarrollo o seguridad. Para no ir más lejos, esto es lo que decía Laureano Vallenilla Lanz, un intelectual venezolano de principios del siglo XX, en un libro célebre titulado Cesarismo democrático: “La preservación social no puede de ninguna manera encomendarse a las leyes, sino a los caudillos prestigiosos y más temibles”.

Pero la tradición caudillista no ha sido igual en todas partes. En Colombia, en todo caso, ha sido mucho menos fuerte que en Venezuela. Es cierto que nuestra historia institucional no es un dechado de virtudes, pero por lo menos ha sido estable y ha respetado ciertas formas democráticas y de control político, las mismas que nuestros vecinos han echado fácilmente por la borda.

Durante los últimos años, sin embargo, la opción caudillista se ha fortalecido en Colombia y ello debido a la combinación de una gran popularidad del presidente Uribe con una manera tan osada como inescrupulosa de hacer política. No tengo espacio para hacer un listado de los resultados de esa combinación arrasadora, pero sí puedo referirme a algo que fue publicado la semana pasada en La Silla Vacía y que, a mi entender, es un indicio claro de la fuerza que está tomando entre nosotros la salida caudillista. Me refiero a la importancia que, en los últimos discursos del Presidente, ha adquirido el concepto de “Estado de opinión”, entendido como un Estado supuestamente más avanzado que el Estado de Derecho. (Según La Silla Vacía, el Presidente ha usado ese concepto 103 veces desde octubre de 2008).

Uribe, como Chávez, estima que las leyes son insuficientes en una democracia. Sólo que, a diferencia de su colega venezolano, no cree que eso se deba a que las leyes pueden ser injustas, sino a que su contenido puede apartarse de la opinión de las mayorías. Esto sucede, dice Uribe, cuando los jueces y quienes dirigen los organismos de control interpretan mal las leyes, es decir, en contra de esas mayorías. Por eso —sostiene Uribe—, “más allá de la misma interpretación de los jueces, lo superiormente importante es la opinión pública”.

Así pues, para ambos presidentes las leyes son menos importantes que la justicia o que la opinión de la mayoría. Pero claro, como en Colombia y en Venezuela todavía hay desacuerdos y visiones divergentes sobre las cosas que ocurren —no faltaría más—, tanto las opiniones sobre lo que es justo o injusto, como la precisión de quién es el vocero de la opinión pública, se encuentran divididas. Siendo así, lo que quieren decir los presidentes de estas dos naciones atribuladas es que lo justo y la opinión pública no son otra cosa que lo que ellos y sus mayorías políticas piensan.

Colombia y Venezuela caminan por sendas más cercanas de lo que parece.