En medio de la fiebre del oro en Centroamérica, la empresa canadiense Pacific Rim llegó a El Salvador esperando encontrar recursos equivalentes a cientos de millones de dólares. Pero como no ha podido obtener la licencia de explotación para su mina, “El Dorado”, la empresa demandó al Estado salvadoreño, con base en el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos, buscando una indemnización de $77 millones de dólares.

La historia inició cuando Pacific Rim obtuvo la licencia de exploración en el 2002 y comenzó sus actividades al lado del Río Lempa, el más largo del país. Mientras la empresa exploraba, el pueblo salvadoreño veía cómo sus escasas fuentes de agua se secaban. Al mismo tiempo, miraba las experiencias en los países vecinos y aprendía sobre la devastación ambiental causada por la minería a gran escala. Preocupado, el pueblo se organizó y se opuso a la actividad minera. Posteriormente, llegaron las amenazas, las agresiones y los asesinatos.

Frente a los estudios de impacto ambiental y hechos de violencia, el gobierno salvadoreño le negó a Pacific Rim la licencia de explotación necesaria para operar su mina. En 2009, la empresa demandó al Estado salvadoreño ante el Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones (ICSID) del Banco Mundial, buscando que el Estado le indemnizara por los $77 millones de dólares gastados durante la etapa de exploración.

La demanda fue presentada a través de una filial estadounidense de Pacific Rim, creada para aprovechar los procedimientos y los derechos del TLC-EEUU-Centroamérica. En ella se argumenta que la negación de la licencia de explotación viola los derechos de inversionistas establecidos en ese acuerdo. El Estado salvadoreño ha respondido que la licencia de explotación no se concede automáticamente después de la exploración, y que su negación no constituye trato discriminatorio contra Pacific Rim por ser una empresa extranjera.

Hasta el momento, el tribunal de arbitraje en Washington DC ha rechazado los argumentos de El Salvador. En este foro, las consideraciones sobre impacto ambiental no tienen mucho peso, ya que la prioridad es mirar si se están cumpliendo las reglas sobre inversiones, no los estándares ambientales. Más aún, los mismos ejecutivos de la empresa han expresado que su objetivo no es solo ganar la demanda, sino presionar al Estado para que cambie su posición frente a la licencia de explotación.

Los antecedentes en este tipo de caso parecen promisorios, al menos para la empresa. En el 2000, con base en el TLC de América del Norte, México tuvo que pagar $15,6 millones de dólares a una empresa de California por no permitirle construir una planta para tratar residuos peligrosos. El año pasado, un tribunal de arbitraje ordenó una indemnización de $700 millones para Chevron en una disputa contra Ecuador. Incluso, cuando la empresa “pierde”, el Estado puede salir perjudicado. Por ejemplo, en un caso en que la minera Commerce Group perdió una demanda contra El Salvador, el tribunal del ICSID previsto por el TLC-EEUU-Centroamérica, le ordenó al Estado pagar una parte de los gastos del proceso que ascendió a casi un millón de dólares.

El siguiente capítulo podría ser el eventual TLC entre Colombia y Estados Unidos. Con disposiciones en este tema casi idénticas a las del TLC-EEUU-Centroamérica, el nuevo tratado podría servir como un arma jurídica para las multinacionales, dándoles aún más capacidad para influir en la política ambiental colombiana. Así, la suerte de los recursos naturales de las Américas podría seguir en manos de extranjeros del Norte. Quizás al final nada cambie, y sigamos permitiendo la busqueda foránea de la leyenda de El Dorado. O quizás, y ojalá así sea, la historia de los países del Sur sea reescrita, esta vez por todos los pueblos que allí se encuentran.