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La tengo viva

Nelson Camilo Sánchez León
septiembre 29, 2008

Publicado en: Semana

La sociedad debe dejar de tratar a los desaparecidos forzados como víctimas de segunda categoría

 

Hace un par de años el Fondo de Prevención Vial realizó una creativa e impactante campaña en contra de la combinación de alcohol con conducir carros. En uno de sus comerciales se veía a un hombre embriagado que después de haber estrellado su carro cargaba a una mujer muerta en la colisión. El borracho se resistía a aceptar lo sucedido, repitiendo en tono alcohólico la frase “la tengo viva”. Probablemente por la crudeza del mensaje, esta campaña permanece aun hoy en la memoria de muchos televidentes. Esto me hace cuestionar si sería una buena estrategia recurrir a una crudeza similar para que la sociedad y el Estado comprendan la tragedia humana que significa la desaparición forzada de personas para miles de familias colombianas.

La desaparición forzada ha sido condenada internacionalmente por ser una de las peores afrentas contra la dignidad humana, pues ella no sólo persigue privar a las víctimas de su libertad, sino que busca borrar hasta su recuerdo. Está igualmente documentado que los obstáculos para conocer el paradero de las víctimas y recuperar sus restos ocasiona una tortuosa agonía que afecta la integridad sicológica de sus familiares.

Cualquiera esperaría que en un país en donde se calcula que al menos unas 7.500 personas han desaparecido en las últimas tres décadas, se contara con un esquema institucional destinado a enfrentar los agravios que este delito produce tanto en víctimas como en sus familiares. Lamentablemente en Colombia estamos lejos de contar con algo siquiera cercano a esto.

Aun cuando tras años de insistencia se han adoptado algunas medidas legales importantes como la declaración de la desaparición como delito y la creación tanto de una Comisión Nacional como de un mecanismo de búsqueda, nada se ha hecho para aminorar la desproporcionada carga que esta práctica genera en los familiares de las víctimas. Aun peor, varias medidas legales han procurado lo contrario: acrecentar el dolor y aumentar la vulnerabilidad de los familiares.

Para empezar, existe una odiosa discriminación en contra de los familiares de los desaparecidos, a quienes no se les reconoce el derecho a la asistencia humanitaria. La ley establece explícitamente como beneficiarios de dicha asistencia a los familiares de otras víctimas como las del secuestro, atentados terroristas, combates y ataques, a los desplazados y a los menores combatientes. Inexplicablemente los desaparecidos no hacen parte de esta lista. Por ello, cuando sus familiares acuden a reclamar la asistencia humanitaria quedan sujetos a la discreción de los funcionarios que los atienden, quienes deciden en últimas si otorgan o no la ayuda humanitaria.

Como una ironía, para obtener esta asistencia, a los familiares de los desaparecidos se les exige que presenten un certificado de defunción, el cual no se exige a los familiares de secuestrados u otras víctimas. Como es muy probable que no exista este certificado, los familiares tienen que iniciar ante un juzgado civil un proceso conocido como “declaración de muerte presunta”. Así, para acceder a la ayuda humanitaria, o a cuestiones básicas como comprar o vender, sacar documentos o firmar escrituras, el familiar de un desaparecido tiene que iniciar este proceso que exige, además de la contratación de abogados, el pago de tres edictos que pueden llegar a valer hasta un millón de pesos.

Más allá de las barreras económicas, es infame volver a victimizar a los familiares del desaparecido. Resulta absurdo que a los familiares de las víctimas se les obligue no sólo a resignarse con la muerte de su ser querido e iniciar anticipadamente su duelo, sino que además, sean ellos quienes tengan que llevar la carga de acudir ante un juez para pedirle que legalmente mate a quien ellos esperan que regrese algún día. Literalmente los estamos obligando a que vayan hasta donde un juez para decirle: lo tengo muerto.

Es tiempo de remediar esta injusticia. Una buena oportunidad para hacerlo es incluir los correctivos necesarios en el proyecto de Estatuto de las Víctimas que actualmente se discute en la Cámara de Representantes. Pueda ser que en esta ocasión los desaparecidos no queden, una vez más, relegados al olvido.

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