Cuando se trata de explicar la violencia que padece Colombia casi siempre resultan dos posiciones extremas. La primera sostiene que todos nuestros males vienen del Estado que tenemos, al cual califican de autoritario, corrupto y oligárquico. La segunda posición -que es el espejo invertido de la primera- sostiene que el Estado es una víctima de la sociedad y, en particular, de aquella parte de la sociedad que simpatiza con la subversión o que simplemente le sirve, como idiota útil, cuando critica a las instituciones legítimas.

Ambas posiciones ven la situación del país como una guerra (del Estado contra la sociedad o de la sociedad contra el Estado). Justamente por eso, porque todo lo ven a través del lente de la guerra, ambas posiciones tienen algún tipo de tolerancia por uno de los dos grupos armados ilegales. Quienes creen que la sociedad es víctima del Estado son indulgentes con los crímenes de la guerrilla, y quienes ven al Estado como una víctima de la sociedad, creen que los crímenes de los paramilitares son un mal necesario.

Pero la gran mayoría de los colombianos no solo estamos en desacuerdo con estas posiciones, sino que somos víctimas de sus manipulaciones y de su guerra. Por eso, estoy convencido de que contra esas dos visiones tenemos que consolidar una tercera fuerza: la fuerza de quienes nos sentimos parte de una sociedad civil, pacífica y defensora de la legalidad. De quienes defendemos la armonía entre el Estado y la sociedad. La nuestra no es una fuerza política, sino una fuerza cívica. No buscamos el poder, sino la paz y la defensa de los derechos y las libertades.

Es cierto que entre nosotros no existe una sola manera de ver el mundo: algunos son de izquierda, otros son de derecha; unos simpatizan con los Estados Unidos y otros con Chávez; unos defienden el TLC y otros lo rechazan; algunos han sido víctimas de la guerrilla y otros, de los paramilitares. A pesar de todas estas diferencias y de muchas otras, estamos de acuerdo en una cosa fundamental: todos los actos de barbarie -secuestros, masacres, desapariciones, minas quiebrapatas, etc.- deben ser condenados, vengan de donde vinieren, incluso cuando son cometidos por agentes del Estado.

Los que pertenecemos a esa tercera fuerza nos manifestamos de manera contundente el pasado 4 de febrero contra las Farc y lo haremos de nuevo el próximo 6 de marzo contra los ‘paras’ y sus cómplices. Sabemos que nuestro rechazo simétrico de los grupos armados causa un profundo malestar entre quienes ven a Colombia bajo el lente de la guerra. Es natural; como las marchas son expresiones populares que se salen del mundo de la política que ellos controlan, prefieren sabotearlas. Su táctica consiste en decir que quienes marchamos no estamos motivados por sentimientos humanitarios o cívicos, sino por intereses políticos o, incluso, por simpatías con un actor armado.

Para el representante Wilson Borja, por ejemplo, si uno marcha en contra de las Farc es porque está a favor de Uribe. Con la misma mirada fuimos tildados de ultraderechistas y amigos de los ‘paras’ quienes apoyamos la marcha pasada contra las Farc. Ahora pasa lo mismo, pero al revés: el consejero presidencial José Obdulio Gaviria y el columnista Fernando Londoño, entre otros, dicen que la próxima marcha es convocada por las Farc.

Pero también sabemos que aquellos que descalifican las marchas cívicas contra los actores armados chocan con los límites impuestos por la lógica: si quienes estuvieron en la marcha pasada eran uribistas de derecha y simpatizantes de los ‘paras’, y quienes marcharán el próximo 6 de marzo son izquierdistas y amigos de las Farc, ¿qué somos los que vamos a marchar en ambas?

* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de Dejusticia