El despojo de tierras fue causado no solo por actores ilegales, sino también por el Estado, según el primer fallo de restitución del Cesar.
Recientemente fue proferida la primera sentencia de restitución de tierras en el departamento del Cesar. Aunque varios puntos de esta decisión merecen mención detallada, me concentraré exclusivamente en uno de ellos: el Incora como uno de los actores despojadores de tierras.

Esta es la historia. En 1991, Robinson de la Cruz y Juan Manuel Rodríguez, junto con otras 85 familias, llegan a “El Toco”, predio ubicado en el corregimiento de Brasiles, municipio San Diego, Cesar. En razón a esto, el Incora los seleccionó como beneficiarios del subsidio de compra de tierras (a Robinson de manera directa asignándole la parcela 53 y a Juan en calidad de “reubicable” o “suplente”).

En 1997 incursionó en la región el Bloque Norte de las AUC, comandado por Jhon Jairo Esquivel alias “El Tigre”, perpetrando masacres, asesinatos selectivos, hurtos y el desplazamiento masivo de las familias que habían participado en el proceso de toma del predio, incluida la de Robinson. Debido a las incursiones permanentes del grupo armado en el corregimiento, y el peligro que esto representaba para sus vidas, Robinson y su familia deciden no retornar.

En razón al abandono de la parcela 53, el Incora seleccionó de la lista de suplentes a Juan Manuel, con el fin de otorgarle el subsidio. Igual que en el caso anterior, por el contexto de violencia, Juan decide desplazarse renunciando a la parcela y vendiendo las mejoras hechas al predio a un tercero. Este tercero fue posteriormente beneficiario de la adjudicación de dicha parcela, aun cuando, a diferencia de Robinson y Juan, no había ejercido la posesión del predio.

En el desarrollo de este caso el Incora incurrió en varias actuaciones irregulares, además censurables.

En primer lugar, el Instituto modificó varias veces la lista de beneficiarios del subsidio, a sabiendas de que los seleccionados habían abandonado los predios en razón al desplazamiento forzado. Por ejemplo, los archivos del Instituto dan cuenta de una comunicación de Robinson en la cual él informa el desplazamiento forzado de que fue víctima en 1997, la imposibilidad de participar en los procesos de retorno y una posterior solicitud de reclamación de la parcela. Ambas comunicaciones fueron ignoradas por esta entidad al momento de adjudicar el predio a un tercero.

En segundo lugar, el entonces Incora admitió la venta de derechos de los beneficiarios a terceros, en medio de un contexto de violencia y temor generalizados. Sin duda, estas circunstancias debieron ser examinadas por el Instituto, teniendo en cuenta que dichos terceros se beneficiaron posteriormente de las adjudicaciones.

Finalmente, en muchos casos, dichas ventas se realizaron muy por debajo del precio real. En el caso de Juan, señala la juez, “la compra del bien se realizó por un valor irrisorio, que solo podía adquirirse a ese precio aprovechándose de una situación de violencia”.

Este es el primer fallo de una juez de restitución, que da cuenta de abandonos forzados causados por la violencia sobre poblaciones rurales que habían adelantado importantes procesos de toma, posesión y ocupación de tierras. A ello se suman posteriores actuaciones de entidades del Estado, que con apariencia de “legalidad” consolidaron el despojo de dichos territorios. En este caso el responsable del despojo jurídico fue el Incora, al adjudicar derechos irregularmente y sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Y es apenas el comienzo de una larga lista de actuaciones ilegales de las instituciones del Estado que deberán ser revisadas por los jueces y magistrados de restitución de tierras. Lo anterior por cuanto esta forma de despojo no operó en pocos casos, sino que por el contrario, fue muy frecuente en varias regiones de la geografía Colombiana.

Aunque esta es, sin lugar a dudas, una decisión que demuestra avances importantes en la labor de los jueces de garantizar a las víctimas el derecho a la restitución, esperamos que la verdad salga a flote y queden develados los intereses que actores legales e ilegales tuvieron y tienen en el despojo de tierras a millones de personas en este país