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La tutela de los desplazados

César Rodríguez Garavito
marzo 4, 2014

Publicado en: El Espectador

En medio del debate sobre las tutelas del caso Petro, se ha olvidado el décimo aniversario de la que es quizás la tutela más importante de la Corte Constitucional: el fallo T-025 de 2004, que desde entonces viene protegiendo los derechos de cinco millones de colombianos que son víctimas de desplazamiento forzado.

 

Corría enero de 2004 cuando la Corte, desbordada por la avalancha de demandas de desplazados de todo el país, juntó las peticiones de 1.150 familias que huían de la violencia sin encontrar respuesta del Estado cuando llegaban a las ciudades con las manos vacías. La Corte constató que no había una política estatal seria sobre el tema, no existía información fiable sobre el número de víctimas, y el presupuesto asignado para atender la emergencia humanitaria era claramente insuficiente. Eran los tiempos en que José Obdulio Gaviria ponía en duda la gravedad del problema desde la Casa de Nariño, diciendo que los desplazados eran en realidad “migrantes”.

Lo que la Corte ha logrado en esta década es admirable. No se limitó a declarar la violación de los derechos de los desplazados, sino que ordenó al gobierno adoptar políticas de mediano y largo plazo para atender las causas de la situación. Ha evaluado los avances y retrocesos gubernamentales en más de 250 decisiones de seguimiento y más de 15 audiencias públicas, sobre temas tan importantes como la violencia sexual contra las mujeres desplazadas, las fallas básicas del conteo estatal de desplazados y la situación especialmente grave de los pueblos indígenas y comunidades negras desenraizadas.

Gracias a la presión de la Corte, se ha multiplicado por diez el presupuesto para los desplazados, se han expedido leyes y decretos para mejorar la atención de emergencia y ha mejorado la coordinación entre las entidades del gobierno, como lo documentamos con Diana Rodríguez en el libro Cortes y cambio social. El caso también ha llevado a que los medios cubran el tema con más frecuencia y la sociedad civil haya contribuido con encuestas y propuestas, como las de la Comisión de Seguimiento de la sentencia coordinada por Codhes, de la que hace parte Dejusticia. Todo lo cual es visto hoy con interés por cortes constitucionales de otros países, que citan el fallo de la colombiana.

¿Qué ha pasado entre tanto con los desplazados? El desarraigo obedece a múltiples causas, como la evolución del conflicto, las estrategias de los actores armados o los cambios en sectores económicos asociados al desplazamiento, como la coca, la minería y la palma. Por eso, es difícil saber el impacto específico de la Corte sobre el número y la situación de desplazados en el país.

Lo que sí sabemos es que, aunque ha bajado la cantidad de desplazados por año, la situación sigue siendo grave. En 2002 casi medio millón de personas fueron expulsadas de sus hogares; hoy lo son cerca de 100.000 al año. El número acumulado nos ubica como el país con más desplazados en el mundo: entre 4,9 y 5,5 millones, según el Consejo Noruego para los Refugiados.

Por eso preocupa que este gobierno, que ha hecho bastante por las víctimas, esté retrocediendo en asuntos como el registro y la ayuda de emergencia a los desplazados, como lo mostró la Corte en sus decisiones más recientes. Lo cual ha llevado a una nueva ola de tutelas, que genera una entendible frustración dentro de la Corte e inquietudes sobre si es posible o deseable mantener el monitoreo del cumplimiento del fallo.

Pero la solución no es que la Corte cierre el caso, sino que fortalezca y mejore el seguimiento. Mucho se ha logrado. Pero falta otro tanto.

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