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La U.N. si está en crisis

Que más de la mitad de los edificios de la principal universidad pública de Colombia estén en alto grado de vulnerabilidad y el 4% en riesgo inminente de colapso genera indignación.

Por: Jorge Alberto Parra Noratonoviembre 10, 2013

No es para menos. La Universidad Nacional de Colombia es uno de los principales centros de pensamiento del país: ofrece 437 programas académicos para 41.344 estudiantes de pregrado y 8.850 en posgrado, aporta el 31% de programas de doctorado del país, cubre el 28% de las becas para doctorados,
cuenta con 907 grupos de investigación y con el 26% de revistas indexadas y, en 2010, aportó el 28% de la producción académica nacional. Sin duda, su deterioro afecta seriamente la educación superior colombiana.

Por eso es preocupante que la semana pasada se haya desprendido parte del techo de la Facultad de Derecho y haya dejado a sus estudiantes sin salones de clase. Tan triste episodio, lejos de ser un hecho aislado, es una manifestación simbólica del problema estructural de la universidad pública en Colombia, que ha sobrevivido titánicamente con el mismo presupuesto desde 1992 y que al parecer ya no alcanza siquiera para mantener sus edificaciones en pie.

Hoy el problema de infraestructura de la U.N. cuesta dos billones de pesos, pero los costos humanos podrían ser incalculables si no se actúa con urgencia. Por eso, una solución efectiva requiere articular tanto respuestas estructurales que atiendan las causas constitutivas del problema, como respuestas inmediatas que eviten catástrofes mayores.

Hasta el momento, la rectoría se ha limitado a las acciones inmediatas: ha destinado 35.000 millones de pesos en el plan de desarrollo universitario para atender el problema y ha impulsado un proyecto de ley que generaría 200 mil millones anuales para todas las universidades públicas. Sin embargo, aunque sean medidas importantes y necesarias para contener el problema y evitar peores catástrofes, la gestión del rector Mantilla no convence por al menos dos razones.

La primera es su falta de coherencia interna en la administración de recursos escasos para una universidad que se está cayendo a pedazos. El gobierno universitario ha incurrido en gastos innecesarios que van desde los muebles rellenos con plumas de ganso para la oficina del rector por más de 50 millones de pesos hasta la planeación de un edificio de doctorados que tan solo su diseño inicial vale más de mil millones como lo denunció el Decano de la Facultad de Derecho hace unos días.

La segunda es que se ha quedado corta en la búsqueda de soluciones estructurales para un problema igualmente estructural. De nada sirve fortalecer los techos de los salones si sus bases continúan siendo inestables. Y aunque no se trata de exigirle al rector que arregle él solo el problema de desfinanciación de la U.N., su pasividad en el impulso de una reforma profunda a la Ley de Educación Superior lo deja como cómplice del inaudito silencio que ha guardado el Ministerio de Educación Nacional durante las últimas semanas.

Por eso, aunque las directivas insistan en que la U.N. no está en crisis, lo cierto es que la universidad más grande del país se está derrumbando. El gobierno nacional no muestra alerta alguna y el gobierno universitario parece patrocinar su silencio. Sin embargo, la ciudad universitaria es de todas y todos y mientras su rostro continúe maltrecho habrá razones para que usted y yo nos indignemos.

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