En el marco de la crisis actual producto del COVID-19, y con la responsabilidad de actuar pronto a favor de los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, Dejusticia se suma al llamado de la veeduría ciudadana a la sentencia T-302 del 2017, para solicitar a las entendidas pertinentes protección especial al pueblo Wayúu. 

La veeduría está compuesta por la experta Omaira Orduz Rodríguez, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (CODACOP), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) y la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI), organizaciones de la sociedad civil que se encargan de hacerle seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en el departamento.

La emergencia sanitaria y social que se enfrenta en el territorio nacional resulta ser especialmente preocupante en el contexto de La Guajira, donde se agudizan las problemáticas ya existentes relacionadas con el acceso al agua, la alimentación y la salud. Esta pandemia resulta una amenaza a la supervivencia colectiva de las comunidades, de la etnia y con ello de su lengua y su cultura. 

En una carta, firmada por representantes de la veeduría, se solicita lo siguiente:

1. Que se elabore un plan de acción para asegurar que se efectúen acciones coordinadas y efectivas a nivel nacional y regional (La Guajira), para garantizar la aplicación de medidas especiales de protección para la vida de los indígenas wayúu y su acceso a los derechos al agua, la salud, la alimentación, y la participación en medio del estado de emergencia nacional declarado con ocasión a la pandemia del COVID-19
2. Continuar con la prestación del servicio del Plan de Alimentación Escolar de manera permanente y durante el estado de Emergencia, con las medidas de sanidad necesarias para contener posibles contactos a la hora de las entregas.
3. Garantizar mercados básicos para todas las rancherías Wayúu, ajustados a su cultura, que permitan, durante el estado de emergencia y cuarentena, su supervivencia hasta que sea superada la emergencia de salud.
4. Garantizar el acceso permanente al agua potable para todo el pueblo wayúu, bien sea por carrotanques, suministro por medio de pilas públicas o demás medidas que el Estado considere necesarias para abastecer de manera amplia y efectiva a todos los miembros de las comunidades.
5. Garantizar el acceso a la salud efectiva (desplazamiento de personal médico a las rancherías con brigadas de atención) y con enfoque diferencial para los indígenas Wayúu.
6. Realizar un protocolo especial de atención para la atención de posibles casos de COVID -19 en los indígenas wayúu, teniendo en cuenta un enfoque diferencial en razón de su cultura y su lengua, incluyendo entrega de kits fitosanitarios (con explicación de uso en su lengua nativa) dentro de las rancherías de la Guajira.
7. Realizar jornadas informativas por las entidades competentes a las diferentes comunidades Wayuu y elaborar piezas comunicativas de alta difusión en español y wayúunaiki en las cuales se explique: 1) la situación actual que enfrenta el mundo por el COVID-19; 2) las medidas que pueden tomar para mantenerse ellos y sus comunidades a salvo; 3) las diferentes acciones que implementará el Estado para garantizar los derechos al agua, la salud y la alimentación de sus comunidades en el tiempo de emergencia; 4) la ruta de acción que deben seguir en caso de tener indicios de alguna persona contagiada; y 5) la atención diferenciada que se les dará en caso de ser contagiados por el COVID-19
8. Prohibir el tránsito y la circulación de personas externas a las rancherías (a excepción de quienes en cumplimiento de sus funciones deban ejecutar acciones en aras de garantizar los derechos al agua, la salud, la participación y la alimentación para evitar la posible propagación del COVID – 19 a través de contacto.
9. Disponer una línea de atención gratuita, atendida por bilingües de español y wayuunaiki para atender las posibles emergencias que puedan surgir, especialmente las relacionadas a los derechos al agua, la alimentación, la salud y los posibles casos de contagio del COVID – 19.
10. Adaptar e implementar las solicitudes y medidas referenciadas anteriormente para todo el pueblo wayuu que se encuentra en el departamento de La Guajira, así como para las comunidades indígenas de otras etnias, afrodescendientes y campesinas que se encuentran expuestas a la situación de vulnerabilidad y precariedad en la que está actualmente el Departamento. Teniendo en cuenta que hay una permanente relación intercultural entre el pueblo wayuu y las diferentes comunidades en el territorio, lo que hace  indispensable la implementación amplia de las medidas descritas a estos pueblos.

Según cifras entregadas a la Corte Constitucional, a corte de 2018, más de 4.770 menores de edad fallecieron por causas asociadas a la malnutrición. A raíz de esta situación, la Corte declaró un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el Departamento de la Guajira en la sentencia T – 302 de 2017, la cual está por cumplir dos años desde la fecha de su publicación. Sin embargo, las fallas estructurales por las cuales la Corte considera que existe una generalizada y masiva vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la alimentación y el agua potable de los niños y niñas Wayúu, siguen persistiendo. Es importante que el Gobierno Nacional y Regional articule acciones efectivas de manera inmediata para evitar que el pueblo Wayúu reciba el peor coletazo del COVID-19 sin derechos básicos.

Lea la carta completa, aquí: