El 8 de marzo de 2023, el Presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2292 de 2023, que permite que las mujeres cabeza de familia que hayan cometido un delito relacionado con la vulnerabilidad socioeconómica cumplan su pena fuera de la prisión prestando un servicio social a la comunidad, no remunerado. Esto se conoce como pena sustitutiva de prisión. La medida representa un avance en la implementación de una política criminal con enfoque de género, ya que aplica una acción afirmativa que garantiza los derechos de mujeres sometidas a desigualdad económica, social y de género.

También conocida como la “Ley de Utilidad Pública”, es la primera norma que contempla alternativas al encarcelamiento, donde la pena se traduce en actividades de impacto social para resarcir el daño. Además, esta ley permite aplicar la medida a mujeres que han cometido delitos como el tráfico de estupefacientes, hurto, cultivo de plantas ilícitas y conductas con pena inferior a 8 años.

La inclusión de las mujeres que cometen delitos de drogas es un avance que muchas organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado desde hace más de 8 años. 

La ley y su decreto reglamentario reconoce las condiciones diferenciadas de marginalidad que sufren las mujeres privadas de la libertad, así como la importancia de su rol de cuidado activo y de jefatura del hogar. Por esto la ley procura que las personas que dependen de ellas no se vean también afectadas por las largas condenas y que niñas, niños y adolescentes no estén alejados de sus madres, así como adultos mayores, personas que enfrentan alguna enfermedad o personas estén viviendo con alguna discapacidad. 

Desde Dejusticia y Mujeres Libres consideramos que este es un logro significativo en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que creamos una cartilla explicativa dirigida a mujeres cabeza de familia con el fin de facilitar el acceso a la información sobre este beneficio.

En la cartilla desarrollamos a qué delitos aplica el beneficio, la documentación necesaria para aplicar, un paso a paso para acogerse a la ley, qué tipo de instituciones públicas y organizaciones sociales pueden facilitar las vacantes para el trabajo comunitario y qué sucede si hay incumplimientos.

Esperamos que esta ley acoja a miles de mujeres, de las cuales ha recaído el peso económico, social y punitivo, para transitar hacia otros modelos de justicia, donde la reparación, la resocialización y el bienestar familiar están en el centro de las políticas.

Descarga y comparte la cartilla, aquí.