La marihuana está saliendo del laberinto de la prohibición. Y lo hace gracias a una suma de fuerzas políticas y económicas, compuestas por movimientos cannábicos, empresarios, pacientes y organizaciones de la sociedad civil. En varios países de América Latina se reguló el acceso a la marimba para fines medicinales, lo que despertó intereses económicos que vaticinan una industria que impulsará la regulación para usos recreativos. 

Con base en un repaso histórico de la prohibición del cannabis y de un análisis de los mercados ilegales, grises y medicinales, desde Dejusticia hacemos una radiografía para reflexionar sobre lo que debería tener una regulación en materia de comercio justo, salud pública y derechos humanos. Si bien la salida de la prohibición es un panorama promisorio, también trae riesgos de acaparamiento de una industria que deje por fuera a sus protagonistas. En otras palabras, en “Laberintos de prohibición y regulación” incorporamos a la reflexión actual del cannabis, de la bonanza marimbera y del desarrollo de la prohibición, así como la mutación del fenómeno del narcotráfico y la persecución a los usuarios del cannabis. 

La política sobre el cannabis en Colombia está basada en la persecución de usuarios, pacientes, productores de aceites y cannabicultores, pero solo genera pérdidas. De hecho, desde el 2015 al 2019 casi el 45% de los registros de incautación de marihuana en el país no superaron la tonelada, pues se concentraron en cantidades menores de 20 gr. Es una completa ineficiencia en el uso del recurso policial.  

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Según el DNP en 2015 más de 775 mil personas usaron marihuana dentro del último año, es decir un 2.2% de la población en Colombia. La marihuana es la principal sustancias declarada ilegal usada en el país, y genera un mercado interno de entre 2.2 y 4.4 billones de pesos. Ganancias que en su mayoría entran a las arcas de diferentes organizaciones criminales, que han desarrollado un encadenamiento productivo desde el Norte del Cauca hacia ciudades como Medellín, Cali y Bogotá. 

Calculamos que, para el caso colombiano, las arcas públicas estarían dejando de percibir entre 117 y 352 millones de dólares anuales derivado de la desregulación del mercado de la marihuana. Lo anterior revela que la política de prohibición de las drogas es, en múltiples sentidos, dañina y costosa para la sociedad, el Estado y las personas que usan drogas.

Defendemos que la mejor regulación posible será aquella que reconozca de manera particular la historia de la prohibición en Colombia, sus daños, estigmatizaciones y la potencialidad creativa de lo que hemos denominado los actores del mercado gris, una franja ambigua de personas que comercia con la marihuana sin las formalidades legales pero que no hacen parte de las dinámicas del crimen organizado. Desertar la prohibición no será suficiente para resarcir los daños de la guerra contra las drogas: será también necesario una regulación que respete estándares de DD.HH. y reclamos históricos de poblaciones vulnerables.

*Este libro hace parte del trabajo del Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) sobre mercados regulados de cannabis y de su publicación “La ola verde’: cómo las leyes para el uso del cannabis se propagan en A. Latina”.