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bebidas azucaradas

El impuesto a las bebidas azucaradas es un instrumento de política pública que ha demostrado ser efectivo para desincentivar hábitos nocivos. | Luisa Gil

Lanzamos nuestro informe sobre el impuesto a las bebidas azucaradas

En Colombia este impuesto se ha venido discutiendo desde 2016, sin que hasta la fecha haya sido adoptado por el Congreso, pero cada día que pasa se hace más necesaria la creación de políticas públicas y estrategias que permitan revertir la tendencia al exceso de peso en el país. 

Por: Dejusticiaabril 23, 2021

La obesidad es el resultado de múltiples factores individuales, familiares y comunitarios que derivan del ambiente social, económico y cultural. Sin embargo, el consumo de productos ultraprocesados, como las bebidas azucaradas, ha demostrado ser una de las principales causas de obesidad y sobrepeso. Este debate cobra mayor relevancia en un contexto global de pandemia donde la obesidad ha sido identificada como una comorbilidad asociada al riesgo a enfermarse gravemente y en particular en Colombia con un escenario de reestructuración económica como el que plantea la Reforma Tributaria. 

Se estima que una lata de bebidas endulzadas puede contener 40 gramos de azúcares libres (10 cucharadas de azúcar). Esto equivale casi al límite de ingesta de azúcares diaria que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para llevar una vida saludable y evitar la obesidad.

Según la OMS, la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo que facilita la aparición de otras enfermedades como las cardiopatías, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor y algunos tipos de cáncer. En niños y niñas, la consecuencia de una obesidad puede resultar incluso en muertes prematuras, discapacidades en la edad adulta y riesgos psicológicos.

En Colombia, la urbanización y el incremento del ingreso promedio han generado un cambio en los patrones de alimentación, que muestran un mayor consumo de productos ultraprocesados. Según el DANE, el 67.08% de la población del país declaró consumir bebidas azucaradas durante el 2019. Por cada persona que no consume bebidas azucaradas en el país, hay aproximadamente 2 que sí lo hacen.


Descargue el documento aquí


Existen herramientas de política pública poderosas y legítimas que sirven para incentivar patrones de consumo socialmente beneficiosos y desincentivar aquellos perjudiciales. El impuesto a las bebidas azucaradas, por ejemplo, es un instrumento de política pública que ha demostrado ser efectivo para desincentivar hábitos nocivos. En efecto, la imposición de un impuesto al consumo de productos no saludables aumenta el precio y, por lo tanto, disminuye su demanda; con lo cual permite desincentivar consumos no saludables y promover otros más saludables.

El aumento en los precios a las bebidas azucaradas es una forma de contribuir a que las personas internalicen los impactos de su decisión. Adicionalmente, a través de este impuesto se podría generar un recaudo que eventualmente pueda ser usado para corregir la asimetría de información en el mercado, junto a otras estrategias para mejorar la salud pública.

Las recomendaciones de implementación de la OMS se suman a las experiencias de otros países como México y Chile que han adoptado esta medida, así como a la creciente evidencia científica que destaca su efectividad. También organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha recomendado a los países que incorporen estos impuestos como una estrategia para proteger los derechos a la alimentación y la salud. En el caso colombiano, la Comisión de Expertos del Sistema Tributario Territorial y la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios también han recomendado su implementación. 

En Colombia este impuesto se ha venido discutiendo desde 2016, sin que hasta la fecha haya sido adoptado por el Congreso, pero cada día que pasa se hace más necesaria la creación de políticas públicas y estrategias que permitan revertir la tendencia al exceso de peso en el país. 

 

Impactos directos del impuesto:

• Disminución en el consumo de bebidas azucaradas: un impuesto del 24 % a estos productos tendría el potencial de reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos entre un 5 % a un 10 %, y en los hogares de ingresos medios entre 5 % y 8 %.

• Reducción en los gastos del sistema público: para 2016 se destinaron más de 25 billones de pesos anuales de los recursos en salud a la atención de enfermedades prevenibles en Colombia. Sumado a esto, tan solo el gasto por diabetes atribuible a bebidas azucaradas se estima en más de 740 000 millones de pesos al año.

• Recursos públicos nuevos: quienes estén dispuestos a pagar este costo adicional por consumir bebidas azucaradas generaría recursos fiscales, los cuales pueden ser útiles para la financiación de bienes y servicios públicos, programas y demás políticas direccionadas a mejorar la salud pública. Estimaciones para el caso colombiano muestran que una sobretasa del 20 % al consumo de bebidas azucaradas generaría al menos un billón de pesos anuales.

 

Impactos indirectos del impuesto:

• Beneficiaría en mayor medida a los hogares de menores ingresos: esto se debe a que son quienes más consumen este tipo de productos y, al mismo tiempo, son quienes tienen mayor potencial de ser disuadidos en el consumo de estos productos una vez el impuesto sea implementado.

• Beneficios en la salud: se disminuyen los riesgos de sobrepeso, obesidad y otras consecuencias no previstas.

•Beneficios en los ingresos: esta menor morbilidad también representa ahorros importantes en los hogares relacionados con gastos de bolsillo y gastos asociados a las enfermedades.

• Ganancias en productividad: esto también se traduce en mayores ingresos para las personas. A menores días de incapacidad, menor ausentismo laboral, y por tanto más horas de trabajo disponibles. 

En el documento también se incluye un análisis de los posibles impactos negativos del impuesto como las enfermedades generadas el consumo de agua no apta para la salud como sustituto, la posible regresividad tributaria del impuesto y la pérdida de empleos en el sector. En las dos primeras problemáticas, el documento sugiere que el recaudo generado por el impuesto sirve para implementar políticas que disminuyan los riesgos del consumo de sustitutos no saludables, por medio de bebederos escolares o ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, y otras medidas que mitiguen los impactos distributivos. En el mediano y largo plazo, la evidencia internacional sugiere que no hay una pérdida de empleo significativa por el impuesto siempre y cuando la industria tienda hacia la innovación. Al finalizar el análisis, los investigadores señalan que las ganancias de implementar esta política fiscal sobrepasan los costos asociados.


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