Hace unos meses, cuando se inició la discusión de la fallida “reforma a la justicia”, el constitucionalista Rodrigo Uprimny sostenía: “La justicia colombiana es ambigua y paradójica. Ni es excelente ni está colapsada. Tiene cosas que funcionan bien, incluso muy bien, pero otras son terribles”.

Hoy en día, múltiples escándalos hacen que la percepción pública se concentre más en esas cosas terribles que en aquellas que funcionan bien. Y no es para menos. La seguidilla de escándalos es lamentable. Qué decir de la licencia remunerada de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, o del carrusel de nombramientos de magistrados salientes de la Corte Suprema en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, o de las vacantes que no se proveen por la falta de consenso en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado.

Y la situación se extiende incluso hasta la hasta hace poco venerada e impoluta Corte Constitucional. Los cuestionamientos no solo se refieren al manto de dudas que generó la elección de su más reciente magistrado Alberto Rojas Ríos (o como le dicen el en argot judicial: “el doctor Rojas Líos”). Resulta perturbador – por decir lo menos – que el magistrado Jorge Pretelt se haya negado por meses a firmar un fallo de tutela y que sus colegas de sala (Jorge Iván Palacio y Nilson Pinilla) hayan tenido que recurrir a promulgarlo sin su firma.

¿Hasta dónde estos escándalos demuestran un colapso de la administración de justicia como lo afirma la Revista Semana? ¿Ha sido insalvablemente cooptada la rama por la corrupción y el clientelismo? ¿Tienen razón quienes proponen convocar a una asamblea nacional constituyente como la única medida para enfrentar esta crisis?

La cúpula de la justicia y la rama judicial

Las críticas más recientes se han concentrado fundamentalmente en la cúpula de la justicia, es decir, en las altas cortes. La cúpula judicial debe ser el ejemplo moral y el norte jurídico de toda la rama judicial. Sin embargo, es necesario aclarar que existe una diferencia grande entre las altas cortes y el resto de la rama. Por ejemplo, la elección de los jueces de los demás rangos es hecha mediante un concurso público de méritos que además sujeta a los seleccionados a un régimen de carrera judicial. Los sistemas de elección, las competencias, las asignaciones salariales, e incluso las prebendas, son muy distintas para quienes administran justicia en tribunales y juzgados.

Igualmente, la relación entre los tribunales inferiores y la ciudadanía es distinta a aquella que tienen las altas cortes. Si bien los lineamientos de la jurisprudencia se definen en las altas cortes, el grueso de las decisiones y el relacionamiento de la ciudadanía con la justicia se da es en los tribunales y juzgados. Solamente en casos muy excepcionales una necesidad jurídica de una ciudadana de a pie llega al conocimiento de una de las altas cortes.

Es por ello que a pesar del papel mediático protagónico que han adquirido los escándalos recientes, la ciudadanía ve con mucha lejanía los orígenes del debate y en buena medida no entiende el impacto que éstos pueden tener en sus vidas.

Los problemas que afectan la justicia

Qué funciona bien y qué funciona mal en la justicia en Colombia es hoy en día la pregunta del millón. De hecho, una de las grandes críticas que se le hizo a la propuesta de reforma a la justicia presentada por el Gobierno hace dos años fue que no partió de un verdadero diagnóstico del estado actual de la justicia. Lamentablemente, tras el enorme fracaso de esta iniciativa, el gobierno y la administración de la rama judicial parecen no haber aprendido su lección y muy poco han hecho para cambiar esta situación. Si bien existen múltiples cuestionamientos sobre la operatividad del sistema, sobre sus recursos, sobre falta de transparencia, existen pocos diagnósticos serios que muestren realmente qué está pasando. No obstante esta carencia generalizada, algunos temas recurrentes saltan a la vista.

– Autonomía, independencia y transparencia

El sistema judicial colombiano siempre se ha preciado de gozar de una gran autonomía frente al régimen político y de una notoria estabilidad institucional. Para mantener esta distancia entre la política y la justicia fue fundamental el proceso de cooptación, a partir del cual se le otorgó autonomía a la rama para llenar las vacantes sin que existieran nombramientos directos de los gobiernos u otros estamentos de poder.

No obstante, la cooptación combinada con otros factores como la falta de transparencia de la rama, una concepción errada de la independencia judicial, y los pocos controles internos, ha dado lugar a que la autonomía e independencia se convierta en corporativismo judicial. Las altas cortes son la muestra de ello. Camarillas de poder en donde verdaderos clanes se pelean por sus sucesores y su dinastía como si fueran casas reales. No existe escrutinio externo de los candidatos, no existe transparencia en la forma de elección, ni ningún sistema de rendición de cuentas.

Y este problema va más allá de los nombramientos. Se extiende, por ejemplo, a los problemas de autogobierno de la rama (que ha estado a cargo del Consejo Superior de la Judicatura desde la Constitución de 1991). Si bien es importante defender la independencia judicial y el autogobierno de la rama judicial, el diseño actual de los órganos de gobierno de la rama le dan un poder excesivo a la cúpula judicial. Como se propuso en un documento preparado por Rodrigo Uprimny, Miguel La Rota y Carolina Bernal, de Dejusticia, es necesario que voces distintas a las de las altas cortes y del gobierno, como las de los usuarios de la justicia y de la academia, hagan parte de los órganos de gobierno de la rama. Es también recomendable poner límites a la cooptación y combinarla con los concursos de mérito.

Otro gran problema de la rama es la falta de información y los problemas de transparencia. El servicio que presta el Consejo Superior de la Judicatura en la producción de datos y el acceso a información es muy precario. Igual de limitado es el monitoreo y la evaluación de políticas judiciales. Y eso incluye los temas de presupuesto.

A estos problemas se ha sumado una crisis ética en la cúpula judicial, acompañada de un entendimiento muy limitado de la independencia judicial. La defensa grosera de ciertos privilegios ha sido deplorable. La participación de las cortes defendiendo extensiones de período y de la edad de retiro forzoso en el Congreso fue una vergüenza. Una vergüenza que luego pareciera a ver sido superada por la lamentable y pobre defensa de los privilegios pensionales y otras prebendas laborales como las de los excesivos permisos remunerados.

Lo más triste es que cuando la ciudadanía y la prensa piden explicaciones, la cúpula judicial ha terminado con salidas en falso. Por un lado, se ha defendido que nada de ilegal existe en lo que se ha hecho, como si el ejemplo ético de quienes administran justicia (sobre todo en estos cargos) no fuera una condición básica para la democracia. Por otro lado, en otros casos, en lugar de dar respuesta se ataca a quienes piden transparencia pues ciertos magistrados sostienen que el escrutinio les vulnera su independencia judicial.

– Los problemas de eficiencia

De lo que poco se habla hoy en día (y tampoco se habló durante la discusión del proyecto de reforma a la justicia), pero que también afecta de manera clara a la justicia, son sus problemas de eficiencia y eficacia.

A pesar de múltiples reformas y ajustes, la justicia en Colombia sigue siendo lenta, ineficiente, e insatisfactoria para gran parte de quienes acuden a ella. En un estudio reciente dirigido por Miguel La Rota se encontró, por ejemplo, que solamente el diez por ciento de los homicidios intencionales llegan a ser imputados por la Fiscalía. Esta cifra es alarmante si se tiene en cuenta que el homicidio doloso o intencional es una de las cuestiones sobre las que más se preocupan las sociedades. Asimismo, esta cifra es muy diciente si se compara con otros países en condiciones similares a la nuestra, como Chile, en donde la Fiscalía imputa 7 de cada 10 homicidios cometidos.

Datos similares se encuentran en otras jurisdicciones como la civil, la laboral o la administrativa. Qué decir, además, de la poca eficacia del sistema para solucionar los asuntos pendientes y para otorgar decisiones en un tiempo razonable. La misma investigación antes citada encuentra que en el sistema judicial colombiano buena parte de los casos están pendientes. Se encuentran sin resultado alrededor de la mitad de los conflictos que han entrado al sistema judicial y que no han sido retirados por las partes.

¿Es necesaria una transformación de la justicia en Colombia?

Un ajuste constitucional a la justicia parece necesario pues varias de las deficiencias actuales de la justicia tienen origen constitucional. Pero no todas las deficiencias provienen del marco constitucional. Es por ello que quienes promueven la asamblea constituyente a la justicia como la fórmula mágica para solucionar todos los problemas de la rama judicial están equivocados.

Sobre todo, cualquier propuesta de reforma deberá tomar las duras lecciones que nos dejó el fracaso proyecto de reforma del gobierno Santos. La primera, que no pueden promoverse una reforma sin saber qué se quiere reformar. Sin un diagnóstico de lo que funciona mal no se podrán presentar alternativas para mejorar y, sobre todo, se le da un cheque en blanco al poder político – representado en el Congreso, el Gobierno y la cúpula judicial – para que incluyan cuanto tema deseen.

La segunda, que la propuesta de reforma debe ser abierta a la intervención y participación, pero no a la concertación exclusiva con la cúpula judicial. Distintos sectores de la sociedad deben participar en la discusión sobre la justicia, como la academia, las facultades de derecho, las organizaciones sociales, las asociaciones y sindicatos de jueces, etc.

La tercera, que no todas las reformas necesariamente requieren de modificaciones constitucionales. Y que no necesariamente todos los temas relacionados con la justicia deben ser incluidos en una reforma de este tipo. Por ejemplo, en el proceso pasado en lugar de que la propuesta se concentrara en temas fundamentales de la justicia, como los de su operación y eficiencia en las causas que afectan a la ciudadanía, el articulado terminó incluyendo fue temas sobre la administración de justicia para congresistas y el juzgamiento de altos funcionarios.

Finalmente, es necesario comprender que cualquier reforma enfrentará poderosos intereses, en muchos casos enquistados en lo más profundo de la institucionalidad y la política. Intereses que harán lo posible por no ceder su feudo de poder. No debe olvidarse que al Consejo Superior de la Judicatura lo han querido acabar todos los gobiernos desde la expedición de la Constitución de 1991. Todos han fracasado en el intento, incluyendo el actual Gobierno.