En América Latina, las mujeres que cultivan coca y amapola juegan un papel importante en la lucha por el cambio social en sus comunidades. Sin embargo, su papel como agentes de cambio y actores políticos a menudo se pasa por alto.

La política de reducción de la oferta de drogas es una forma de invisibilizar a las mujeres que trabajan para obtener el sustento de sus familias y comunidades. Como se describe en el nuevo informe Movilización de mujeres cultivadoras de coca y amapola para el cambio social, los cultivos declarados ilícitos han permitido un cambio en los roles sociales que desempeñan las mujeres productoras en la vida política y pública.

Según el documento, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), Dejusticiay la Red Andina de Información (AIN, por sus siglas en inglés), el diseño de políticas de drogas con género que beneficien a las mujeres productoras y sus comunidades debe ser una prioridad de los estados.

Centrándose en estudios de caso en Bolivia y Colombia, el informe explora cómo las mujeres productoras actúan como agentes de cambio, asumiendo roles en organizaciones agrarias, asambleas locales y otros colectivos. Sin embargo, la marginación de las comunidades rurales y la llamada “guerra contra las drogas” ha silenciado las contribuciones de las mujeres cultivadoras a los movimientos sociales, incluidos los esfuerzos de consolidación de la paz en Colombia o los esfuerzos para empoderar a las mujeres rurales en Bolivia.

“Al tildarlas solamente de ‘cocaleras’, o verlas únicamente como personas dedicadas a una actividaddeclarada ilícita, se oculta su lugar como actores políticos”, señala el informe.

Las mujeres cultivadoras enfrentan obstáculos significativos para acceder a la representación política, en parte porqueenfrentan un triple estigma: porque son mujeres, porque son campesinas rurales y porque su sustento depende de una actividad que ha sido declarada ilegal.

En una serie de recomendaciones, el informe detalla cómo los estados pueden hacer mucho más para apoyar la participación de las mujeres productoras en la vida política y pública: creando espacios para aprender sobre las realidades que enfrentan las mujeres productoras, eliminando las barreras para su participación en los movimientos sociales, garantizando el acceso a títulos de propiedad y créditos, entre otros.

Este informe es el último de una serie que examinan formas de avanzar el enfoque de género en políticas de drogas en América Latina. Puede encontrar los demás aquí