Hace unos días elegimos a las personas que desde los municipios y departamentos nos representarán por los próximos años. El balance general es mixto, pues a pesar de que se llevaron a cabo las votaciones de manera relativamente exitosa, se presentaron varias irregularidades en algunas regiones del país que incluyen hechos de violencia y corrupción.

En el caso de las mujeres, el balance, más que mixto, es negativo. A pesar de ser un poco más de la mitad de la población, y representar una proporción similar entre las personas que votan, el porcentaje de mujeres elegidas sigue siendo muy bajo. Por ejemplo, fueron elegidas 2 gobernadoras para un total de 32 gobernaciones, y 4 alcaldesas para las alcaldías de las capitales de departamento. Esto representa el 6.25% de mujeres en las gobernaciones y el 12.5% en las alcaldías de ciudades capitales.

Aunque estos porcentajes constituyen un aumento con respecto a las últimas elecciones, en las que solamente se alcanzó el 3.12% en las gobernaciones, son todavía muy bajos y no superan el porcentaje máximo alcanzado por las mujeres desde que se establecieron las elecciones populares para estos cargos. Esto significa que las mujeres seguimos estando sub representadas en los más altos cargos de elección popular y que persiste la debilidad de nuestra democracia, pues sigue siendo incapaz de representar e incluir realmente a toda la población.

Estos bajos porcentajes no tienen una explicación sencilla. El asunto no es que las mujeres no estén capacitadas para participar, o no quieran hacerlo, pues, como lo muestran las estadísticas del DANE, tienden a tener más años de educación que los hombres, y han empezado a desempeñar liderazgos activos en lo local.

El asunto es que persisten múltiples factores estructurales que evitan que se generen las condiciones para que las mujeres sean elegidas. Entre ellos se destacan la cultura masculina de los partidos políticos y la forma tradicional como se hace política en el país. Además, las mujeres siguen siendo las principales responsables del cuidado del hogar, lo cual limita sus posibilidades de participar.

Enfrentar estos factores no es un asunto de mujeres, sino un reto para la sociedad. Aunque se han dado algunos avances para promover la participación de las mujeres, como la aprobación de la Reforma Política de 2011, que ordena a los partidos tener al menos un 30% de mujeres en las listas para corporaciones públicas, se requieren de más esfuerzos para lograr la inclusión de las mujeres. Y en esto, los partidos políticos deberían jugar un papel clave, pues tienen las posibilidades de promover los liderazgos femeninos.

Mientras las mujeres sigan sin estar representadas, la nuestra no será una democracia auténticamente incluyente y representativa. Por eso, los obstáculos que enfrentan las mujeres para ser elegidas y participar en política no son un problema de la mitad de la población, sino de toda la nación.