La cultura del desacato a la ley no es sólo el producto de la viveza; a veces es el resultado de normas mal hechas.

Si los hombres fueran ángeles, decía Madison, el gobierno no sería necesario. Las personas cumplirían las normas de manera espontánea y no habría necesidad de sanciones, ni de aparatos represivos. Pero no es así. La gente suele ser egoísta y por eso necesita de un Estado que le imponga algo de altruismo.

Es cierto, sin embargo, que hay personas que, como si fueran ángeles, siempre obedecen, incluso cuando están seguros de que nadie los va a sancionar. Pero ni siquiera esas personas estarían dispuestas a pagar costos excesivos cuando obedecen ciertas normas. Supongamos que el día de mañana se promulga en Suiza -país de cumplidores por excelencia– una norma que, con el fin de reducir la accidentalidad en las autopistas húmedas, prohíbe conducir cuando llueve. Estoy seguro de que, en ese momento, a los suizos se les acabaría esa disposición angelical a cumplir.

Algo parecido pasa hoy en día en las carreteras colombianas con la prohibición de adelantar en doble línea amarilla. Desde hace algunos años, los policías de Tránsito vienen aplicando esa norma de manera implacable, como si fueran suizos. Sin duda, se trata de una norma razonable, que se aplica en muchos países. Lo que pasa es que no siempre lo que funciona en un país funciona en otro. Las normas son como las plantas, no producen lo mismo en todas partes (por eso hay que evitar el monocultivo legal).

La prohibición de sobrepasar en doble línea busca que los conductores sean prudentes. Pero esa prudencia depende de la velocidad que se tenga en el momento de sobrepasar. Se calcula que si un automóvil va a 30 kilómetros por hora, se necesitan por lo menos 120 metros para adelantarlo; si la velocidad es de 80 km/h, se necesitan 250 m, y si es de 100, se necesitan 320 metros. Como no todos van a la misma velocidad, lo que se hace es sacar un promedio y a partir de allí se pinta la doble línea. En Europa, ese promedio es fácil de establecer porque el tráfico pesado y el rápido circulan por vías propias, no se mezclan. Al ser similares las velocidades, la imprudencia de los conductores se puede evaluar con una regla objetiva y esa regla es la de la doble línea.

El problema en Colombia es que no existe la infraestructura vial para separar a los vehículos según su velocidad. Salvo en algunos pocos tramos, todo el tráfico va junto. Por eso es tan difícil aplicar esa norma y tan difícil cumplirla. Ningún automovilista está dispuesto a irse, digamos, de Bogotá a Honda detrás de un camión que va a 30 km/h. Ni siquiera la policía esta dispuesta a eso. Antes de escribir esta columna me puse a la tarea de seguir a varias patrullas de policía en diferentes carreteras del país. Comprobé entonces que todas violaban de manera sistemática esa norma.

Cuando todos son infractores -incluidos los que ponen las multas-, la sanción es vista como un atropello. No es un castigo, sino una mala suerte; una especie de «ruleta de la multa», en la que sólo un pequeñísimo porcentaje de los que incumplen pierde. Como si esto fuera poco, la percepción de injusticia multiplica los intentos de soborno y con ellos, la corrupción de la policía.

Cuando las normas exigen que la gente asuma costos excesivos o irrazonables, el incumplimiento se generaliza y, por esa vía, se inculca la idea de que la injusticia de la norma justifica su incumplimiento. La cultura del desacato a la ley no es sólo el producto de la viveza y del egoísmo de la gente; a veces, también es el resultado de normas mal hechas, demasiado costosas, irrazonables o mal aplicadas. No sólo es cierto que las personas que están llamadas a cumplir las leyes no son ángeles, también es cierto que quienes las hacen no son dioses.