La súbita decisión de cerrejón de suspender los estudios para desviar el río Ranchería y explotar carbón en su lecho dejó más preguntas que respuestas.
¿Por qué justo en el momento en el que el ministro Fernando Carrillo anunciaba investigaciones por las consultas irregulares que se han hecho con los wayúus a fin de ambientar el proyecto? ¿Por qué escasos días después de que el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez sostuviera en El Tiempo que Cerrejón había cerrado 66 preacuerdos con comunidades indígenas para asegurar su respaldo al proyecto, a cambio de cosas como “un microacueducto, cien chivos… nueve novillas y un toro”? ¿Es fortuito que el cambio de planes se dé sólo un mes después de que Jorge Robledo, documentos en mano, denunciara en el Congreso la firma de 68 “actas de taller de preacuerdos de consulta previa” entre la empresa y las comunidades, hechas al margen de la ley porque la empresa no había hecho ninguna solicitud de licencia ambiental?
Es posible que todo sea una coincidencia. Que la razón de Cerrejón para desistir temporalmente del proyecto sea la baja en los precios del carbón, como aseguró.
Pero la empresa no ha desmentido con datos concretos los señalamientos sobre las consultas. Se ha limitado a mencionar en su comunicado que “en concordancia con el compromiso histórico de Cerrejón de mantener informados de manera oportuna a todos los grupos de interés, a La Guajira y al país”, había revelado que estaba estudiando la desviación del río Ranchería. Naturalmente, el mismo compromiso implica informarles “a todos los grupos de interés, a La Guajira y al país” si es cierto que empleados suyos intentaron intercambiar chivos y dádivas por el apoyo adelantado a un proyecto que no tenía ningún aval estatal, ni había iniciado el procedimiento de consulta previa delineado en el Convenio 169 de la OIT y en las normas y la jurisprudencia colombianas.
Algunas de esas respuestas deberá darlas en las indagaciones que anunció el ministro Carrillo, quien también tendrá que averiguar si funcionarios de su entidad se prestaron para las maniobras. Pero incluso sin la presión estatal, Cerrejón tiene un deber de transparencia, porque ha sido líder en el campo de la responsabilidad social empresarial —que incluye, por supuesto, el respeto de los derechos de las comunidades afectadas— tanto dentro como fuera de Colombia.
Según lo recuerda su comunicado tras el escándalo, la empresa “es reconocida porque sus programas sociales y ambientales promueven el desarrollo sostenible de La Guajira”. Entre sus ejecutivos se encuentran expertos que conocen la ley y las buenas (y malas) prácticas de las consultas con pueblos indígenas, y saben lo que otros hemos visto: que algunas empresas compran individuos y comunidades a cambio del apoyo a un proyecto minero, petrolero o palmero. Basta recordar que Carlos Franco, hoy director de relaciones internacionales de Cerrejón, conoció las disputas sobre las consultas previas como alto consejero de Derechos Humanos de la presidencia de Álvaro Uribe.
Cerrejón también ha procurado el mismo rol de liderazgo en el nivel internacional. Alexandra Guáqueta, hasta hace poco su directora de estándares sociales, encabezó desde la compañía la aplicación de los Principios de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y hoy es integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el tema.
De modo que las repercusiones de los posibles abusos en las consultas sobre el río Ranchería van más allá de un escándalo mediático y afectan la credibilidad del sector minero en general. Si la empresa que pretende dar ejemplo guarda silencio ante los señalamientos, poco se puede esperar de las demás. Ojalá pronto haya respuestas.