El 31 de julio de este año, el alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, nombró a 20 mujeres como alcaldesas locales. De acuerdo con sus declaraciones a los medios de comunicación, las mujeres le «generan confianza a la hora de contratar, representan más de la mitad de la población y son sensibles a sus políticas sociales».

La medida ha sido muy controvertida. Para sus detractores, los nombramientos son poco transparentes pues el alcalde hizo prevalecer un criterio distinto al mérito; injustos con los hombres que participaron en las ternas, e innecesarios en Colombia donde las mujeres están mejor que en muchos países latinoamericanos.

Existen varias respuestas a estas críticas. En primer lugar, en oposición a la idea de que hay un sacrificio en términos de transparencia, me parece sospechoso que no se haga este mismo argumento cuando en una convocatoria se nombran sólo hombres (lo que ocurre casi siempre). Por otra parte, el cargo no es estrictamente técnico sino sobre todo político por lo que si bien se necesitan personas con méritos, se necesita aún más personas que quieran «jalarle» a la agenda política de quien hace el nombramiento. En tercer lugar, pensar que porque hemos tenido ministras, alcaldesas y mujeres en altos cargos, las mujeres colombianas estamos en una mejor posición que otras en la región, sinceramente ilustra la superficialidad y falta de conocimiento que existe sobre las dificultades que las mujeres enfrentamos y sobre lo poco que significa ser las mejor posicionadas en América Latina.

Para los defensores de la medida los nombramientos son importantes pues fortalecen la visibilidad y participación política de las mujeres en la Administración Distrital; promueven una mayor coherencia en las políticas sociales debido a que las mujeres son más sensibles; atacan la corrupción pues somos más honestas, y contribuyen a una mayor igualdad en la distribución de los cargos.

Es difícil oponerse al fortalecimiento de la visibilidad y participación política de las mujeres en la Administración Distrital. Sin embargo, el hecho de nombrar alcaldesas no garantiza transformaciones en la vida de todas las mujeres. Por otra parte, las generalizaciones pueden ser débiles debido a que siempre encuentran su excepción. No todas las mujeres tienen sensibilidad social, son solidarias, dulces, honradas, se sienten vinculadas o les importa el cuidado. Así como no todos los hombres son autónomos, individualistas, corruptos o insensibles.

En mi opinión, los nombramientos son importantes pues muestran que existen suficientes mujeres con la educación necesaria para ocupar las alcaldías: hay ocho abogadas, tres contadoras, una ingeniera industrial, una historiadora, una ingeniera ambiental, una politóloga y una socióloga. Adicionalmente, la medida rompe con estereotipos que consideran que las mujeres no tienen capacidad de liderazgo o que no se le podrían medir a administrar algunas zonas de la ciudad.

Pero nombrar mujeres no es suficiente para avanzar en una política coherente de género. Sí es una oportunidad para llamar la atención sobre los problemas principales que enfrentamos las mujeres y el momento perfecto para adelantar programas que los solucionen.

Hay tres temas en los que las alcaldesas deberían marcar una diferencia. El primero es el de la distribución social del cuidado de los niños, los ancianos y del trabajo doméstico. Actualmente, son las mujeres las únicas responsables por las tareas relacionadas con el cuidado de los demás al interior del hogar. Ser responsables por el cuidado limita el acceso a trabajos de alta responsabilidad pues deben volver temprano a sus hogares a seguir trabajando. Esta doble jornada afecta a la mayoría de las mujeres independientemente de su clase social.

Por otro lado, identificar el trabajo doméstico exclusivamente con las mujeres hace que cuando ingresan al mercado laboral sus oportunidades se limiten a este tipo de funciones. Esto lo prueba el hecho de que la mayoría de las empleadas del servicio doméstico son mujeres.

El segundo tema es el del sesgo a favor de los hombres en los espacios «públicos», tanto del mercado como de la política. Este sesgo se manifiesta tanto en el mayor número de hombres que ocupan los más altos cargos en estas esferas, como en la menor importancia que se le da habitualmente a la opinión de las mujeres y a su trabajo.

El tercero es el del acoso sexual, entendido como la imposición del deseo sexual de los hombres sobre las mujeres en relaciones en las que el deseo sexual no debería tener lugar. Este tipo de acoso sexual se manifiesta tanto en la petición/amenaza directa de responder favorablemente a insinuaciones sexuales, como en la reiteración constante de la sexualidad de la mujer en el espacio de trabajo con el fin de recordarle que es un sujeto vulnerable sexualmente.

Como conclusión, además de la importancia y el impacto social que tienen los nombramientos en Bogotá, la evaluación de los mismos dependerá de un conjunto de factores. Entre ellos habrá que considerar las medidas que las alcaldesas tomarán a favor de las mujeres en su localidad, especialmente las madres trabajadoras que dependan de ellas; las herramientas que promuevan para atacar la discriminación, los instrumentos que pongan en práctica para debilitar los estereotipos de género y para prevenir el acoso sexual tanto en sus despachos como en otros espacios en los que tengan capacidad de intervención.