Una impactante tarjeta de Navidad, promovida por Claudia López, Antanas Mockus y Rudolf Hommes, nos invita a reflexionar y actuar para que en Colombia no haya más falsos positivos, esto es, que no haya más asesinatos cometidos por agentes de la Fuerza Pública. La tarjeta está acompañada de una foto conmovedora, en donde las madres de Soacha muestran retratos o recuerdos de los hijos que perdieron a manos del Ejército.

Por su parte, los organizadores de la marcha contra el secuestro del 4 de febrero también han invitado a que en esta época navideña presionemos a la guerrilla para que libere a las personas que tiene secuestradas, algunas de ellas desde hace más de 10 años. Otros mensajes que circulan en internet nos llaman a reservar en nuestras mesas navideñas un sitio vacío por los miles de secuestrados y desaparecidos, para recordarlos y para decirles en esa forma simbólica que los esperamos en casa.

Estos importantes esfuerzos sociales a favor de las víctimas y los familiares de estos crímenes atroces —como los secuestros, las desapariciones o las ejecuciones extrajudiciales— pueden parecer vanos, pues es posible que la protesta ciudadana no logre cambiar en el corto plazo los comportamientos de los victimarios. Pero estos intentos tienen pleno sentido; los colombianos debemos encontrar formas para expresar nuestro rechazo e indignación hacia esos actos atroces, con el fin de imponerles un costo político a los victimarios; y debemos manifestar nuestra solidaridad hacia las víctimas y sus familiares, quienes han debido soportar su dolor muchas veces frente a nuestro silencio e indiferencia.

Estos esfuerzos ciudadanos son aún más necesarios, pues infortunadamente el Gobierno y el Congreso no parecen muy sensibles frente al tema. En efecto, estas valiosas iniciativas sociales, que llaman a la solidaridad con las víctimas, en especial en esta época navideña, contrastan con la actitud que frente al mismo tema tuvo hace una semana la plenaria de la Cámara de Representantes.

El lunes 15 de diciembre esa corporación debía haber dado último debate a la llamada ley de víctimas. Como se sabe, este proyecto busca desarrollar y sistematizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos. El Gobierno, con argumentos deleznables, ha mutilado el proyecto, pues le ha introducido modificaciones regresivas, frente al texto aprobado hace unos meses en el Senado. El último debate en la Cámara es entonces decisivo, pues de él dependerá si se logra realmente un estatuto favorable a las víctimas.

Ese lunes 15 de diciembre las mayorías de los representantes de la Cámara decidieron casi a la fuerza, y sin ninguna discusión, aplazar el debate hasta el año entrante, pues querían aprobar el referendo de la reelección e irse de vacaciones. Algunos integrantes de la coalición gubernamental incluso insultaron entonces al representante Guillermo Rivera, quien es el ponente del proyecto de víctimas y quería explicar algunos aspectos de la ley. Todo esto ocurrió mientras circulaban vasos con whisky y varios congresistas ya estaban al parecer bastante pasados de tragos.

Esto significa que mientras muchos parlamentarios empezaban a festejar, en pleno recinto legislativo, las fiestas navideñas, las víctimas se quedaban sin un estatuto que las protegiera. Una prueba más de la importancia de seguir fortaleciendo las iniciativas ciudadanas, si queremos realmente una legislación a favor de las víctimas.