La estrategia de Naciones Unidas contra las drogas en los últimos 10 años ha sido un fracaso, así lo mostró la semana pasado un reporte del Consorcio Internacional de Políticas sobre Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés).

Lea también: “La guerra contra las drogas no es el camino”: Isabel Pereira Arana

Por ejemplo, las muertes relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas han aumentado 145 % en la última década. Al menos 3.940 personas fueron ejecutadas por delitos relacionados con drogas en el mundo en el mismo tiempo; mientras  2017 fue el año con el mayor número de homicidios en la historia de México, debido a los crecientes niveles de violencia relacionadas con la estrategia de la guerra contra las drogas.

Colombia también ha estado en el centro de esa década perdida, pues como primer productor de cocaína del mundo, se han dedicado esfuerzos en vidas, en recursos, y en instituciones para enfrentar la producción y tráfico de drogas, sin que ello haya tenido resultados sostenibles en el largo plazo.

En los municipios con más alta presencia de coca, la pobreza alcanza 93 % de la población rural y 80 % de la urbana. En abril del año pasado, la cifra de personas presas por delitos de drogas en nuestro país llegaba a 24.231, mientras la oferta de servicios especializados de tratamiento al consumidor de sustancias psicoactivas (SPA) es inexistente en cerca del 95% de municipios.

En ese contexto, Ciudad de México es desde este lunes 29 de octubre, y hasta este miércoles, la sede de Confedrogas 2018, la Séptima Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, en la que especialistas, autoridades, investigadores, sociedad civil y poblaciones afectadas por las políticas implementadas, llegarán desde más de 20 países para realizar un análisis sobre el impacto y las alternativas a las actuales políticas de control de drogas.

La cuota de Dejusticia

Dejusticia y algunos de sus aliados harán intervenciones. Isabel Pereira, coordinadora de nuestra línea de Política de Drogas, y Lucía Ramírez, investigadora de la misma, expondrán los resultados de un estudio sobre acceso a medicamentos opioides en cinco ciudades colombianas intermedias.

Estos medicamentos, que sirven para el alivio de dolor severo en cuidados paliativos y para el tratamiento con metadona en personas con uso problemático de la heroína, hacen parte del paquete de salud al que tiene derecho cualquier ciudadano colombiano, sin embargo, el consumo de opioides en ámbitos médicos sigue siendo significativamente bajo, y los pacientes siguen sometidos a dolores severos. Fallas estructurales del sistema de salud colombiano tienen que ver, pero también la falta de capacidad institucional para mantener el abastecimiento de opioides en pequeñas y medianas ciudades, la falta de capacidad profesional y el estigma hacia las sustancias y hacia las personas que se relacionan con estas.

Lea también: Cuidados paliativos: El abordaje de la atención en salud desde un enfoque de derechos humanos

Entretanto, Nidia Quintero representará a la alianza Dejusticia – Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria) con la ponencia “Drogas y Género: Impacto de la política de drogas en las mujeres que cultivan coca en Putumayo”.

En su exposición analizará las experiencias de las mujeres cultivadoras de coca de este departamento colombiano, y explicará las interacciones entre la identidad campesina, las reivindicaciones sociales y políticas de las mujeres, el impacto del conflicto armado y las violencias de género presentes en el mundo rural, todo ello bajo el contexto de ilegalidad impuesto por las leyes que prohíben las drogas.

Lo invitamos a leer Voces desde el cocal: mujeres que construyen territorio y a ver las luchas de las mujeres cocales del Putumayo

De otro lado, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), que reúne a investigadores de 11 países de Latinoamérica, incluidos los de Dejusticia, desarrollará la ponencia “La marihuana en Latinoamérica: Entre las reformas y la inercia represiva”. Se trata de un estudio que desarrolló este grupo y que muestra con claridad que en la región se consolidan políticas de control del consumo del cannabis que, pese a la evidencia y experiencia internacional, vulneran los derechos humanos y generan graves consecuencias en la población de nuestro continente.

El CEDD además hará parte del panel de litigio estratégico, presentando los caminos de cambios en política de drogas a través de las vías jurídicas en el continente.

Para discutir la regulación

Confedrogas es el espacio de la sociedad civil más grande de la región en materia de reforma a la política de drogas. Para Isabel Pereira, coordinadora de la línea de Drogas de Dejusticia, cobra importancia el hecho de que este año la conferencia se celebre en México, próximo a transitar a un nuevo gobierno que promueve desde ya opciones para regular los mercados de sustancias hoy declaradas ilícitas.

“Para Colombia, que ha sido un país clave en las discusiones sobre la reforma, y cuya sociedad civil es protagónica para revelar los daños de la prohibición a los derechos humanos, el espacio da la oportunidad de fortalecer el movimiento, divulgar información y consolidar alianzas para una política de drogas mas humana”, añade Pereira.

Para reforzar la discusión sobre las alternativas al prohibicionismo, este año entre los ponentes internacionales de Confedrogas se encuentran la comisionada para el Control del Cannabis de Massachusetts, Shaleen Title; Jenna Valleriani, integrante del consejo directivo del Instituto Nacional de Salud y Educación del Cannabis de Canadá, que presentará la reciente sanción de regulación de cannabis en ese país; así como el Secretario General de Drogas de Uruguay, Diego Olivera, quien presentará una evaluación de los cinco años de regulación de la planta en su nación.