La demencial y fatídica ?Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre?, ejecutada por el M-19 hace 20 años, sigue siendo el punto de partida de muchos estudios políticos y jurídicos. La coyuntura actual, que muestra como principal suceso político el proceso de desmovilización de los paramilitares, es uno de esos posibles nichos de análisis.

Y una veta concreta de estudio la proporciona una de las tantas debilidades, cada vez más notorias, que tiene dicho proceso: el derecho a la verdad. Como es sabido, la ley de Justicia y Paz escatimó este derecho esencial no solo de las víctimas sino de toda la sociedad, como que evitó la conformación de una Comisión de la Verdad, y optó porque el derecho a la verdad se circunscribiese al ámbito judicial. Esto contrasta con lo sucedido hace 20 años, cuando por decreto de estado de sitio el presidente Belisario Betancur creó el Tribunal Especial de Instrucción para «investigar los delitos cometidos» en la toma del Palacio.

La labor del tribunal culminó con un informe público que constituye una de las piezas históricas más valiosas jurídica y políticamente y, a no dudarlo, el único antecedente vernáculo de un típico ejercicio del derecho a la verdad.

Hay mucha diferencia entre una especulación sobre un acontecimiento y afirmaciones autorizadas, no por el hecho de que estas sean verdaderas en el sentido epistemológico del término, sino por su carácter legítimo. Algunos ejemplos tomados de las conclusiones hechas por el Tribunal pueden apoyar este aserto: se descartó el vínculo guerrilla-narcotráfico que se tejía en torno a la toma, merced a la coincidencia de las amenazas previas de ambos sectores, pues los dos «perseguían finalidades diferentes».

Igualmente, el tribunal puso en evidencia varias cosas que parecen inverosímiles: (1) la poca atención que a la autoridad competente le mereció la divulgación del plan encaminado a la toma del Palacio, hecha por la prensa un mes antes del insuceso; (2) el inexplicable retiro de la Fuerza Pública días antes de la toma, la cual venía prestando el servicio de vigilancia; (3) el repetido, pero fallido intento del Presidente de la Corte de hablar por teléfono con el presidente Betancur para suplicar el cese del fuego.

Ahora que el Gobierno realiza exploraciones para reglamentar la Ley de Justicia y Paz, bien vale la pena pensar en una instancia oficial que dé cuenta autorizada y articulada no solo de lo que es el proceso de desmovilización ?el conteo de armas, municiones y tropas, las cifras y los discursos?, sino especialmente de lo que fue y ha sido la razón de ser social, política y cultural del paramilitarismo.

Se necesita, pues, una Misión de la Verdad que, al igual que el Tribunal Especial, cuente de manera coherente y en una sola narración, lo que los fiscales y jueces no harán, pues solo podrán dedicarse a explorar, por competencia y por tiempo, la verdad judicial de acontecimientos precisos ?una masacre, un homicidio, una desaparición?, sin que haya mayor espacio para la articulación de hechos que, sin duda, tienen conexidad.

El Tribunal no calificó ni hizo juzgamiento alguno, ni agotó la investigación, pero su informe ha sido valioso para la investigación misma y, especialmente, para informar lo que pasó aquellos fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985.