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Lecciones del paro judicial

Carolina Villadiego Burbano, César Rodríguez Garavito
marzo 13, 2016

Publicado en: El Espectador

Aunque el viernes los juzgados reabrieron, los problemas estructurales de la rama siguen sin soluciones de fondo: hubo responsabilidad de jueces y empleados, y de los órganos de gobierno por improvisar en la implementación de las reformas.

 

Fueron casi dos meses de paro de la justicia esencial. La que afecta a todos los ciudadanos: los casos de conflictos entre parejas, entre padres e hijos, los asuntos de deudas o contratos. El viernes pasado el Consejo Superior de la Judicatura anunció que los juzgados reabrieron en Bogotá. Pero el paro queda como el símbolo, la punta del iceberg, de una justicia que bordea la parálisis y requiere remedios urgentes.

El paro

La historia del paro comenzó cuando los juzgados civiles y de familia cerraron para vacaciones de fin de año el 19 de diciembre. Al regresar, muchos entraron directamente en cese de actividades en distintas ciudades del país. El resultado fueron cerca de 90.000 procesos sin atender: 62.572 que dejaron de recibir y 27.644 que dejaron de tramitar, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura.

Si hubo algo alentador en la historia, fue la reacción de sectores de la sociedad civil y del Estado que reclamaron la reapertura de los juzgados. Muchos ciudadanos interpusieron tutelas, mientras que organizaciones sociales invitaron a levantar el paro. Entre tanto, la Sala Administrativa del casi extinto Consejo Superior de la Judicatura (que aún gobierna la Rama Judicial mientras el Consejo de Estado siga sin fallar las demandas contra las elecciones de miembros de la entidad que la debe reemplazar) sostuvo que el paro era ilegal e incluso promovió un plantón en los juzgados de Bogotá para normalizar el servicio.

Lo primero que se perdió en medio de la confusión fueron las preguntas esenciales: ¿por qué se declaró el paro? y ¿el cese era justificado? La respuesta implica remontarse en las vueltas y revueltas recientes de la justicia colombiana, especialmente las de la ley de 2012 que cambió el procedimiento de los casos civiles y de familia, para hacerlos más rápidos y orales. Pasaron más de tres años sin que el Consejo Superior de la Judicatura echara a andar el nuevo procedimiento, que finalmente quedó programado para entrar en funcionamiento en enero de este año. Para eso, a mediados de diciembre, el Consejo reguló los asuntos logísticos para que entrara a funcionar el nuevo sistema: cómo serían recibidos los casos, cómo serían enviados a los juzgados. Y ahí fue Troya.

Quienes se fueron al paro se quejaban del traslado de algunos funcionarios y funciones, que antes estaban en los juzgados, a nuevos centros de servicios judiciales. Quienes criticaban el paro sostienen que la molestia se debía a que, con los traslados, los jueces perdían el poder de nombrar sus funcionarios y gestionar los juzgados como si fueran islas, separadas unas de otras por las preferencias de cada juez.

La verdad es que le cupo algo de culpa a cada parte. Los jueces y empleados cesaron actividades como quien no presta un servicio público esencial, sin hacer un esfuerzo por acudir a otros canales como escuchar quejas y buscar concertación para no terminar en la parálisis de la justicia. Lamentablemente, malentendieron la independencia judicial (que está para garantizar la imparcialidad de las decisiones y la autonomía para interpretar las leyes) y terminaron usándola para reclamar asuntos muy distintos, como decidir soberanamente cómo hacer el reparto de los procesos en sus despachos, o los días y horas para las audiencias que convocan.

Los órganos que gobiernan la justicia también tuvieron su parte en la crisis por improvisar en la implementación de las reformas. ¿Por qué, casi cuatro años después de la reforma que buscaba agilizar los procesos que más afectan a los colombianos, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sigue sin implementarla? ¿Por qué, cuando faltaban sólo dos meses para que fuera reemplazado por el nuevo órgano de gobierno judicial creado por la reforma constitucional de equilibrio de poderes, decidió poner en marcha los cambios que no hizo en los años pasados?

Y si ya se había jugado por la puesta en marcha de la reforma, ¿por qué suspendió hace unos días la decisión que echaba a andar los nuevos centros de servicios judiciales?

La justicia paralizada

Hay que hacerse preguntas similares sobre la justicia en general. En últimas, el paro fue la manifestación más visible de otras improvisaciones y demoras que paralizan el sistema judicial. Una que se solucionó esta semana fue la elección de magistrados de la Corte Suprema, que debe ser seguida de la pronta postulación de la terna y elección del nuevo fiscal. Pero otras continúan: el Consejo de Estado sigue sin fallar las demandas contra las elecciones de miembros del Consejo de Gobierno Judicial que debe reemplazar al Consejo de la Judicatura. Sin esas elecciones, las cuestiones elementales del funcionamiento de la justicia siguen en el limbo: el nombramiento de nuevos jueces, la ejecución del presupuesto para este año.

La solución urgente de todas ellas depende de lo que tanto faltó en el paro: la conciencia de que las instituciones de la justicia están por encima de las preferencias de los funcionarios. También dependerá de lo más rescatable de la crisis de los últimos meses: el reclamo ciudadano, la atención mediática y las propuestas de soluciones. Porque la justicia es demasiado importante como para dejarla sólo en manos de los juzgados.

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