Hoy se conmemora el Día de los Derechos Humanos y en Dejusticia quisimos conversar sobre la Ley de Utilidad Pública, uno de los avances normativos más llamativos del último año en Colombia, por ser la primera política criminal con enfoque de género en el país. La norma fue sancionada el 8 de marzo de 2023 y, desde entonces, a 109 mujeres se les ha concedido la libertad, según cifras del Ministerio de Justicia. Una cifra baja si se tiene en cuenta que, de acuerdo con Claudia Cardona, directora de la organización Mujeres Libres, se estima que entre 2.000 y 3.000 mujeres presas cumplirían los requisitos para ser beneficiarias de la ley. 

La Ley de Utilidad Pública es la primera norma que contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, es decir, la pena no se cumple en prisión sino con actividades de servicio comunitario para resarcir el daño. El espíritu de la norma es reconocer que las mujeres han sido más severamente alcanzadas por la justicia penal, por cometer delitos menores y no violentos, a menudo motivados por la necesidad de sostener a sus familias. Lo que las sociedades esperan de las mujeres (que provean y amparen a sus hijos) es precisamente por lo que son castigadas.

Algunos requisitos para acceder a ley son: ser mujer cabeza de familia (que se haga cargo económica, social y afectivamente de otra persona, como hijos, personas adultas o con discapacidad); haber sido condenada por delitos listados en la ley, que incluyen delitos de drogas; o que su condena no exceda los ocho años de prisión; y que haya cometido el delito en condiciones de marginalidad.

La Ley de Utilidad Pública está en consonancia con las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas, cuya implementación en Colombia es liderada por un proyecto pionero de Dejusticia y el Centro Internacional de DD.HH. y Política de Drogas de la Universidad de Essex. Las Directrices se destacan las medidas que los Estados deben adoptar o abstenerse de adoptar para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta al mismo tiempo sus obligaciones concurrentes en virtud de los tratados de fiscalización internacional de drogas. Las  Directrices recomiendan desviar del sistema de justicia penal cuando se trata de mujeres y delitos relacionados con drogas, y más bien abordar los factores subyacentes que las llevan a cometer delitos; así como tener en cuenta las labores de cuidado. La norma es un referente para la región y para el mundo.

Las mujeres beneficiarias de la utilidad pública son las que presentan las solicitudes ante los jueces, que deciden finalmente si les conceden la libertad. Quienes salen de prisión pueden trabajar o estudiar, pero es obligatorio que cumplan mínimo cinco horas y máximo 20 horas de servicio comunitario, tiempo que les conmuta con la pena. Sin embargo, en nuestras investigaciones hemos encontrado obstáculos para la correcta implementación de la ley, que incluyen prejuicios por parte de los jueces y desconocimiento sobre la norma.

Sobre este tema, conversamos con dos beneficiarias de la ley, la directora de la organización Mujeres Libres y una investigadora de Dejusticia, quienes a continuación nos cuentan sus opiniones. 

“La libertad es un proceso fuerte”: Patricia Cortés, beneficiaria de la ley

“Me capturaron el 16 de octubre de 2023, en Fusagasugá, por concierto para delinquir por estupefacientes. Tenía 37.2 semanas de embarazo y me trasladaron al Buen Pastor en Bogotá. Tenía la esperanza de salir antes del parto, pero me negaron la sustitución de la pena. Fui condenada a seis años y cinco meses de prisión. Tuve a mi hijo en el hospital de Engativá y a los dos días me pidieron que volviera a reclusión. Ahí comenzó lo más duro, porque mi bebé comenzó a enfermarse de los pulmones, por el frío que hacía en la cárcel. Tuve que dejarlo con una señora que conocí en los grupos pastorales, porque no tenía familia en la ciudad y mi mamá estaba también presa.

Ya había perdido la fe cuando nos hablaron de la Ley de Utilidad Pública, pero hicimos el trámite y nos reconocieron el beneficio. Un juez nos liberó a mi mamá y a mí el 17 de septiembre de 2024, porque reconoció que somos cabeza de hogar. Fue el día más feliz de mi vida. Lo primero que hice fue comer una hamburguesa y encontrarme con mi bebé.

La libertad ha sido un proceso fuerte. Salí con la mentalidad de que iba a conseguir un trabajo rápido, pero las cosas no son tan fáciles, en todos lados piden antecedentes penales. Pienso más en la responsabilidad de venir al “descuento”. En la cárcel le llamamos “descuento” al servicio de utilidad pública. Yo lo hago en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), haciendo trabajo de archivo. Y a veces trabajo de noche cuidando una joyería o un parqueadero, pero el desgaste es duro, es mal pago y tengo que sacar tiempo para cuidar a mi bebé. Sería bueno que lo ayudaran a uno en una empresa, en un lugar donde no sean tan estrictos pidiendo los antecedentes y sean flexibles con el horario”. 

“Es complicado conseguir trabajo”: Lorena Ramírez, beneficiaria de la ley

“Me privaron de la libertad en el 2021, por concierto para delinquir agravado con estupefacientes. Quedé embarazada de mi hijo menor estando en la cárcel Pedregal de Medellín. Hice mi solicitud para el beneficio de utilidad pública, a puño y letra. El 3 de agosto de 2024 quedé en libertad. Mi bebé tenía 12 meses. No dormí esa primera noche. Extrañaba la cama, el silencio en las noches en prisión, donde solo se escuchaban los grillos. 

Salí a hacer trabajo comunitario en el ICBF, creería que ha sido una de las mejores oportunidades que la vida y Dios me han dado. Estoy en el archivo, aprendí algo nuevo, conocí otras personas. No me han discriminado para nada después de que se dieron cuenta que estuve privada de la libertad.

Pero es muy complicado conseguir trabajo. Me sostengo con un carro de comidas rápidas, que lo sacamos mi mamá y yo los fines de semana. Con eso vamos supliendo algunas necesidades, aunque a veces no es tan rentable.  Sin embargo, mi objetivo es estudiar Derecho, me inscribí al Tecnológico de Antioquia y fui admitida. No cuento con los recursos económicos para sostener la carrera, pero Dios proveerá. Sueño con ayudar a muchas personas cuando sea abogada penalista, también quiero tener un taller de confecciones para darle empleo a las personas recién salidas de la cárcel”.

“Le hago un llamado a jueces y juezas a ser garantistas”: Claudia Cardona, directora de Mujeres Libres

“Pensábamos que aproximadamente iban a salir libres 2.000 mujeres, pero han salido un poco más de cien mujeres. Son pocas, pero vemos el vaso medio lleno y no medio vacío, en el sentido de que son 100 mujeres que no están privadas de la libertad y que ya están con sus familias. Pero queremos que salgan muchísimas más y es en lo que estamos trabajando.

Vemos que en Medellín la ley fluye, los jueces y las juezas se han comprometido con estos procesos, tienen claras las necesidades específicas de las mujeres. Pero es decepcionante ver que en Bogotá, donde tenemos la cárcel más grande de mujeres y donde hay más mujeres privadas de la libertad, los jueces no hayan avanzado y sólo haya salido una mujer por ejecución de penas, y dos o tres más por juez de conocimiento. Le hago un llamado a jueces y juezas de ejecución de penas y de conocimiento a ser garantistas también de la ley. 

Exigimos que se diseñe una política pública para las mujeres que salen de prisión, no solo para casos de utilidad pública. Volver a las casas también es un lío, porque están rotos los vínculos familiares, no tenemos inclusión financiera, es difícil abrir una cuenta de ahorros, un banco no presta dinero por los antecedentes penales y se necesita seguimiento psicológico. Las oportunidades laborales son escasas y nos hemos encontrado, por ejemplo, con compañeras que han sido abusadas por empleadores. La Ley de Utilidad Pública ahora es un referente para la región y para el mundo y el gobierno debería ponerse las pilas a implementarla integralmente”. 

“No se ha expedido la Política Pública de Empleabilidad”: Isabel Pereira, coordinadora para la línea de política de drogas de Dejusticia

“Celebramos que la Ley de Utilidad Pública se haya aprobado, porque era una recomendación que venía de muchos lados desde hacía años. Las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas recomiendan, por ejemplo, que el proceso de judicialización y penalización debe tener en cuenta los roles de cuidado que tenía la mujer antes de la comisión del delito; y que, cuando son mujeres que tienen niños menores a cargo, se debe hacer todo lo posible para que la pena no sea en prisión, sino otro mecanismo para que puedan estar con sus hijos.

Destaco que el proceso de implementación del Ministerio de Justicia ha tenido apertura para dialogar con sociedad civil, sobre retos y mejoras. El primer reto es el hecho de que el servicio no sea remunerado. Las mujeres liberadas necesitan ingresos, pero por lo general tienen un bajo nivel de escolaridad que no les permite acceder a empleos bien pagos. Supuestamente se iba a expedir una Política Pública de Empleabilidad, pero no ha ocurrido. Creo que es algo que toca estar documentando. 

Otro reto es el hecho de que esta ley no introduzca algún proceso para eliminar antecedentes penales. A medida que vayan saliendo más y más mujeres, podremos empezar a documentar de qué maneras específicas eso está impactando todo, desde abrir la cuenta bancaria hasta poder arrendar un apartamento”.