En la era de la pandemia el rol de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales cobra más importancia que nunca. A la tarea inacabada de construcción de sociedades más igualitarias, plurales y democráticas, se suma el reto histórico de recuperación socioeconómica de un mundo pospandemia. El éxito y eficacia de estos remedios estatales dependen en gran medida de la formulación de políticas que respeten los derechos humanos.

En un momento en el que las acciones estatales requieren del mayor nivel de coordinación y cooperación social, se esperaría que los gobiernos tomaran conciencia de lo indispensable que resultan los líderes sociales y defensores para la implementación efectiva de las medidas sanitarias. Esto es así, por lo menos, por tres razones. Primero, son quienes tienen mayor proximidad y trabajo consolidado con comunidades a las que la institucionalidad pública llega con mucha dificultad. Segundo, gozan de la credibilidad necesaria para transmitir el conocimiento nuevo que se tiene sobre el virus y de las medidas que se deben tomar para contener la expansión de la enfermedad. Y tercero, por la legitimidad que tienen dentro de las comunidades, pues ello facilitaría promover cierto nivel de gobernabilidad en las bases sociales, lo que es necesario para que se sigan las medidas sanitarias dispuestas para superar la crisis. 

En tiempos de normalidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para ejercer la labor de defensa de derechos humanos. De acuerdo con el más reciente informe de la organización Front Line Defenders, son Colombia, México, Honduras y Brasil los países en donde más ocurren agresiones contra defensores de derechos humanos.  Lamentablemente, se trata de una situación que no ha dado tregua en tiempos de pandemia, en particular en los países del Sur Global donde las medidas para contener la COVID-19 y conjurar sus efectos han sido instrumentalizadas para silenciar, criminalizar y en muchos casos asesinar a las personas defensoras y líderes sociales.

En México, las persecuciones contra estas personas no han cesado en los últimos meses. Quienes luchan por la protección de la tierra y sus recursos han sido fuertemente hostigados en el contexto de crisis sanitaria. Las medidas tomadas por el gobierno de López Obrador no sólo han sido insuficientes para atender la problemática, sino que directamente han expuesto a un mayor riesgo a los defensores de derechos humanos. El 31 de marzo, tras declarar la emergencia sanitaria y dictar medidas de austeridad, el gobierno suspendió indefinidamente el presupuesto al Programa de Derechos Indígenas enfocado en acompañar a las comunidades en la defensa jurídica de sus territorios y recursos naturales. Lo que es una muestra del bajo nivel compromiso del gobierno en la garantía de derechos humanos en el país.

En Colombia, esta situación tampoco ha mermado. Así lo confirma el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz – FIP denominado “El conflicto armado, su impacto humanitario ambiental: tendencias durante la pandemia” . Según éste, en el primer cuatrimestre del año, aunque disminuyeron los homicidios en el país, los asesinatos contra líderes sociales aumentaron en un 53%, aún en medio de la pandemia. Esta situación ya había sido alertada por diferentes organizaciones sociales, quienes denunciaron que las medidas de confinamiento, en vez de traer un alivio en el riesgo ordinario de los líderes, han significado un aumento en el mismo. Desde que empezó la crisis, debido a las restricciones de movilidad como principal medida sanitaria, los defensores están siendo fácilmente ubicados por sus agresores y violentados incluso dentro de sus casas. A pesar de ello, el gobierno ha ignorado totalmente la situación y no ha dictado ninguna medida para reforzar la protección de los líderes y defensores en el país.

Ahora bien, estas situaciones no son propias del contexto latinoamericano. Filipinas es el segundo país, después de Colombia, donde se cometen más crímenes contra defensores de derechos humanos. Desde que empezaron las medidas de aislamiento social, al menos 10 defensores ambientales han sido arrestados y uno de ellos asesinado. Además, la expansión de poderes otorgados al ejecutivo tienen en alerta a los defensores de derechos humanos, pues temen que las medidas que restringen fuertemente derechos como por ejemplo las restricciones a la libertad de expresión, no se desmonten una vez que pase el pico de la pandemia. Lo cual no sería extraño en el país pues, en emergencias anteriores, el gobierno ha mantenido medidas que supuestamente eran temporales.    

Todo lo anterior resulta paradójico en el contexto de una pandemia pues, aunque la labor de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en tiempos de normalidad es fundamental para la democracia, en estos momentos contar con estos liderazgos resulta indispensable para superar la pandemia en los países del Sur Global. Como lo reiteró la CIDH por medio de un comunicado, los Estados tienen la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y “esta obligación adquiere particular relevancia en el contexto de propagación de la pandemia del COVID-19”. Por lo tanto es deber de todos y todas exigir medidas concretas que protejan la labor de las personas defensoras líderes sociales tales como la implementación de una política pública de garantías de seguridad, la adopción de medidas de protección colectivas y con enfoque diferencial, así como la inclusión del enfoque de derechos humanos en las medidas para sobreponerse a la crisis. El desarrollo de salvaguardas para mantener unas mínimas garantías democráticas es una tarea imprescindible para desacelerar la matanza de líderes y defensores de derechos humanos, en medio de pandemia.