El 3 de agosto, en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Azuay ratificó el fallo de primera instancia que suspendió el proyecto minero Río Blanco. Una mina de oro y plata de  5.700 hectáreas que, desde que comenzó operaciones, en 2016, amenazaba de manera directa el bosque protegido Molleturo-Mollepungo, entre las provincias de Azuay y Cañar. Justo en el corazón del macizo ecuatoriano.

En la sentencia, la Corte sostuvo que con su decisión —que implica no solo que se detengan las actividades de la compañía china Ecuagoldmining, que es dueña de la concesión, sino la desmilitarización de la zona— está protegiendo la voluntad de los habitantes de la parroquia de Molleturo, quienes, en un referéndum celebrado en febrero de este año, votaron mayoritariamente (67.8%) en contra de que se ejecutaran actividades mineras en las áreas protegidas cercanas a su comunidad, y a favor de la protección del bosque.

El bosque protector Molleturo-Mollepungo alberga distintos tipos de ecosistemas claves para la producción de agua, como humedales, páramos y bosques de niebla. En él conviven gran variedad de especies animales y vegetales, incluso algunas en peligro de extinción. También hace parte del Macizo del Cajas, una de las siete Reservas de Biósferas reconocidas por la UNESCO en el Ecuador por cumplir funciones de conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico para la investigación científica y la educación.

A pesar de que no contó con el proceso de consulta previa con las comunidades que sufrirían afectaciones, la mina Río Blanco fue defendida por el expresidente Rafael Correa durante su mandato como uno de los cinco proyectos extractivos prioritarios. Sus funcionarios aseguraban que durante once años, a partir del 2016, el país se beneficiaría del yacimiento de 605 millones de onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata.

La operación minera implicaba la remoción de 800 toneladas de roca por día en territorios que hoy son ocupados por comunidades indígenas y campesinas de la parroquia de Molleturo, en el cantón Cuenca. Además, se encontraba a pocos kilómetros de distancia de Chideleg o Paredones de Molleturo, el mayor complejo arqueológico de la Provincia del Azuay.

El aporte de Dejusticia

El pasado 27 de julio, en nuestra intervención ante el tribunal ecuatoriano, argumentamos que una mina como la de Río Grande representaba una afectación grave a zonas de importancia ambiental, social y cultural y, además, que este tipo de proyectos no solo vulneraban el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también derechos básicos como la vida, la salud, el agua y la dignidad humana.

Para Dejusticia,  al no haberse obtenido consentimiento por parte de las comunidades que habitan la región, esto constituía una clara violación a los derechos fundamentales al territorio y al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas. Las actividades mineras de Ecuagoldmining  afectaban, finalmente, los derechos de la naturaleza a su existencia y restauración, pues habían contaminado el curso de varias fuentes de agua y alterado la relación entre la vida humana y no-humana en ese lugar.

Según Yaku Pérez, presidente de la Confederación de los pueblos Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI) y de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la sentencia de la Corte Provincial de Azuay es histórica y representa una victoria para los defensores y defensoras del agua frente al poder económico y político de las corporaciones trasnacionales mineras. Asimismo, el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabra, celebró que con la decisión se haya ratificado la voluntad popular de los cuencanos en defensa del agua y la vida.

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• Amicus curiae, caso Río Blanco (Ecuador)