Dejusticia apoyó solicitud de audiencia ante la Corte Constitucional de organizaciones indígenas en el caso del Decreto que reguló sus territorios
Carlos Andrés Baquero Díaz, Paola Molano Ayala, Rodrigo Uprimny Yepes
Septiembre 16, 2015
El pasado 11 de septiembre Dejusticia presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para que realice una audiencia pública en el caso del Decreto que reguló los territorio indígenas (Decreto 1953 de 2014).
Esta petición acompañó la que ya habían realizado los pueblos indígenas por medio de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT) y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).
Esta solicitud se hizo, principalmente, por tres razones. En primer lugar, la expedición del Decreto 1953 de 2014 fue el resultado de un proceso de concertación entre los pueblos indígenas y Gobierno Nacional que cumplió las promesas que la Constitución de 1991 le hizo a los pueblos. En segundo lugar, el Decreto es una norma fundamental en el sistema jurídico pues materializó los derechos a los pueblos indígenas, especialmente frente a las entidades territoriales indígenas, el derecho a la salud, el derecho a la educación y la jurisdicción indígena. Por último, la inclusión de los pueblos indígenas en la discusión de la constitucionalidad de la norma es fundamental por los efectos que genera la decisión sobre sus vidas y el derecho a la participación que ellos tienen.
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