Dejusticia envió a la Corte Constitucional una intervención dentro del proceso de tutela iniciado por el centro de estudios “Tierra Digna”, en representación de varios consejos comunitarios mayores y organizaciones de la cuenca del río Atrato, contra distintas autoridades locales, departamentales y municipales con competencia en los departamentos de Chocó y Antioquia, por la situación de contaminación ambiental que se presenta en esta cuenca como consecuencia de la realización de actividades mineras mecanizadas y de aprovechamiento forestal no autorizadas.

La intervención sostuvo que en la cuenca del río Atrato se presenta un estado de cosas inconstitucional debido a las distintas afectaciones a los derechos fundamentales de las personas y comunidades que habitan esta región, así como al medio ambiente. Igualmente, enfatizó que es necesario avanzar hacia el fortalecimiento institucional de las entidades con presencia en la zona, en especial aquellas encargadas de la conservación ambiental y de la garantía de servicios públicos domiciliarios, seguridad y promoción del desarrollo económico.

Finalmente, solicitó a la Corte expedir medidas estructurales para garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales vulnerados y del establecimiento de un sistema de seguimiento fuerte y eficiente a la decisión que habrá de proferir el alto tribunal en relación a este caso.

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