El pasado 9 de noviembre Dejusticia presentó una intervención ante la Corte Constitucional en apoyo a una demanda contra la Ley 1861 de 2017, por medio de la cual se establece el deber de todos los hombres colombianos ­­­­—tanto transgénero como cisgénero[1]— de prestar servicio militar obligatorio como medio para obtener la tarjeta militar. En particular, le solicitamos a la Corte que,en virtud la vulnerabilidad y la discriminación estructural que afecta a los hombres transgénero, exonere a esta población del deber de prestar servicio militar. Es decir, los hombres transgénero deben tener la posibilidad de obtener la tarjeta militar sin antes exponerse a una situación de riesgo y discriminación como es prestar servicio militar en las condiciones que actualmente ofrece el Ejército Nacional.

El panorama actual para los hombres trans es incierto e inseguro. Si bien necesitan portar la tarjeta militar para vincularse a espacios laborales o protegerse de requisas y batidas arbitrarias, no pueden acceder a este documento a través de la prestación del servicio militar obligatorio. Debido a la hipermasculinización y violencia que reina en estos espacios, la dignidad y la vida de los hombres trans correría peligro. Solo hasta que exista un protocolo y un procedimiento especial para recibir hombres trans en las filas del ejército, podrá hablarse de la posibilidad de que tanto hombres trans como hombres cisgénero presten servicio militar. Ante esta situación, muchos hombres trans deciden no portar la tarjeta militar, pues la obligación que deben cumplir para obtenerla vulnera sus derechos fundamentales.

La consecuencia directa de no portar este documento es que los hombres trans no son aceptados en el mercado formal de trabajo (pues la tarjeta militar es un requisito exigido en la mayoría de los procesos de contratación), están expuestos a batidas policiales violentas y, en muchos casos, deben revelar su identidad de género para poder acceder a ciertos espacios y justificar el no porte de la tarjeta militar. Por lo tanto, los hombres trans que no acceden a este documento (que, además, se convierte prácticamente en una marca de género) ven vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a la identidad, a la intimidad y a la dignidad, entre otros.

Para proteger los derechos y la seguridad de los hombres trans, le solicitamos a la Corte Constitucional establecer una medida afirmativa que reconozca el contexto y los problemas que la legislación actual acarrea para esta población. Esta medida, a su vez, debe consistir en la exoneración del deber de prestar servicio militar obligatorio, de modo que puedan acceder a la libreta militar sin tener que pasar por este requerimiento.

Para fundamentar esta petición, argumentamos que las personas con identidad de género diversa están especialmente protegidas por los estándares jurídicos tanto nacionales como internacionales, lo que se traduce en obligaciones particulares que asume el Estado para garantizar su seguridad y salvaguardia. Esta protección especial deriva, a su vez, del reconocimiento de la violencia sistemática y la vulnerabilidad histórica a la que han estado sometidas las personas trans. El tipo de violencia del que son víctimas las personas trans está marcado por la sevicia y el propósito de aniquilar los cuerpos que retan la visión de que el género es una categoría inmanente. Asimismo, las personas trans, precisamente por el estigma que ronda sobre sus cuerpos, son excluidos de los espacios de trabajo formal y bien remunerado, marginándolas a espacios de precariedad y pobreza.

Por lo tanto, si la Corte Constitucional se toma en serio la protección de los hombres trans y reconoce la vulnerabilidad a la que están expuestos, deberá considerar las afectaciones particulares que sufrirían en contextos militares y las consecuencias que implica no portar la tarjeta militar.