Demanda para proteger el derecho de acceso a la información pública en materia de inteligencia
Dejusticia demandó el Decreto 857 de 2014 que reglamenta la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, por violar algunos de los requisitos necesarios para poder restringir el derecho de acceso a la información pública en poder de los organismos de inteligencia.
El Decreto 857 de 2014 fue expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley 1621 de 2013).
El primer inciso del artículo 5º, el artículo 6º y el artículo 10 del Decreto pretenden reglamentar la reserva de información desconociendo los estándares establecidos en la jurisprudencia y en la Ley. Por su parte, el tercer inciso del artículo 9º y el parágrafo 1º del artículo 19 del Decreto establecen la creación de nuevas reservas de información que no fueron creadas en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, por ejemplo, la reserva de los manuales de inteligencia y la reserva de las hojas de vida, los perfiles o los datos de los servidores públicos de inteligencia y contrainteligencia y de los contratistas que lleven a cabo estas actividades.
En la demanda sostenemos que los anteriores artículos violan la potestad reglamentaria del Presidente, el principio de reserva legal, y los requisitos establecidos por la misma Ley de Inteligencia y por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para poder reservar información pública.
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