Presentamos intervención para apoyar una tutela que exige que Gobierno pavimente carretas Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira: una promesa incumplida históricamente.
La carretera Quibdó- Medellín tiene 123 kilómetros y cerca de la mitad está sin pavimentar. Recorrer esta vía toma unas seis horas mientras una carretera como Bogotá- Neiva, que tiene más del doble de extensión (292 km), puede atravesarse en unas 5 horas y media. Y en condiciones similares se encuentra la otra vía que comunica a este departamento con el resto del país: Quibdó-Pereira.
El Chocó está aislado geográficamente, lo que ha profundizado su situación de pobreza. La economía de este departamento está basada en servicios y materias primas, como las maderas y los minerales metalíferos, y el turismo que cada año tiene más importancia; y para estas actividades es fundamental la movilidad. Pero también, para acceder a hospitales, colegios y otros mercados. La infraestructura de transporte está estrechamente relacionada con el desarrollo económico y social de una región.
Esta problemática fue una las principales motivaciones de los paros cívicos que protagonizaron los chocoanos en el 2016 (entre el 17 y el 24 de agosto) y este año (del 10 al 27 de mayo). En el acuerdo que firmaron el año pasado los miembros del paro y el Gobierno, para cesar las manifestaciones, este último se comprometió a invertir 720.000 millones de pesos en la pavimentación de los 70 kilómetros que hacían falta en ambas carreteras.
“El proceso se iniciará inmediatamente, con la aprobación del CONPES y CONFIS y se harán todos los esfuerzos para que las respectivas licitaciones se abran en el menor tiempo posible”, señalaba el acta. Pero el acuerdo no se cumplió. Y ese incumplimiento llevó al procurador judicial administrativo, Nelson Mario Mejía, a interponer una acción de tutela en representación de tres miembros del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó (Dilon Martínez, Antonio Andrade y Jorge Salgado) para que un juez le ordenara al Gobierno cumplir con lo pactado.
Dejusticia presentó una intervención en apoyo a esta tutela, argumentando que el aislamiento geográfico del Chocó, debido a la a la falta de infraestructura que lo comuniquen con el resto del país, no solo representa obstáculos para desarrollo económico de la región, sino que contribuye a la vulneración de diferentes derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores.
No es entonces casualidad que el Chocó sea uno de los departamentos más rezagados del país: según el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) el 79% de la población chocoana carece de alguna de ellas (vivienda, servicios públicos, educación, hacinamiento y dependencia económica), sólo el 65% de las viviendas cuentan con energía eléctrica y el 19,1% con teléfono, y la tasa de analfabetismo casi triplica el promedio nacional, alcanzando un 20.9%.
En nuestra intervención, pedimos que se ordenen las medidas que hagan falta para hacer valer el pacto suscrito entre el Comité Cívico y el Gobierno. Y además, solicitamos que se advierta al Gobierno Nacional que los acuerdos que suscriban con representantes cívicos y líderes sociales, en procesos de negociación que den lugar a la disolución de protestas sociales, deben ser respetados y cumplidos de acuerdo al principio constitucional de la buena fe. Ahora estamos a la espera que la Corte Constitucional seleccione la tutela para estudiar de fondo la problemática
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