Incumplimientos del PNIS afectan a 942 familias en Guaviare
Dejusticia solicita a la Corte Constitucional proteger los derechos de 942 familias del municipio de Miraflores (Guaviare); los incumplimientos del PNIS vulneran sus derechos y las han dejado en riesgo de resiembra de cultivos ilícitos por falta de sustento económico.
Al menos 942 familias del municipio de Miraflores, Guaviare, están en riesgo de quedar sin sustento económico debido a los incumplimientos sistemáticos del Estado en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Esta situación ha vulnerado sus derechos a una vida digna, al mínimo vital, al debido proceso, a la participación y a principios constitucionales asociados a la confianza legítima y el principio de buena fe. Además, por esta situación es altamente probable que las familias se vean obligadas a retomar la siembra de cultivos ilícitos para lograr tener autosustento, lo que las expondrá a operativos de erradicación forzada por sus actividades.
Por este motivo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) promovió una acción de tutela como agente oficioso de estas familias, quienes viven en 34 veredas de Miraflores, y el caso fue admitido para revisión por la Corte Constitucional en enero del año pasado.
¿Por qué intervenimos en este caso?
Desde Dejusticia presentamos nuestra intervención en este proceso. Sostenemos que el Estado colombiano está en la obligación de cumplir de buena fe y bajo el principio de progresividad los acuerdos. También resaltamos que recientemente la Corte Constitucional reconoció el valor jurídico de los acuerdos colectivos y familiares, caracterizándolos como pactos plurilaterales con plenos efectos jurídicos vinculantes, en tanto se derivan del cumplimiento de buena fe de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
En nuestra intervención hacemos una breve contextualización sobre los incumplimientos en la implementación del PNIS en el Guaviare, que incluye la violación a los estándares del debido proceso y a la imposición de la firma de contratos de uso de suelo no estaban contempladas en los acuerdos individuales o colectivos. El PNIS ha hecho exigencias a las familias campesinas de realizar procesos administrativos de cambio uso del suelo de sus predios para cumplir sus compromisos del PNIS; sin embargo, estos requerimientos no cuentan con un respaldo legal y generan demoras adicionales que afectan los derechos de estas poblaciones.
¿Qué le pedimos a la Corte Constitucional?
Solicitamos que tutele los derechos fundamentales de las 942 familias campesinas, y ordene a las entidades competentes cumplir las obligaciones derivadas de los acuerdos colectivos y familiares. Lo que supone vincular a las familias que quedaron por fuera debido a errores administrativos del programa. Sobre la exigencia de nuevos requerimientos, solicitamos a la Corte ordenar a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) modificar el modelo alternativo de sustitución voluntaria “Territorios para la conservación en áreas ambientales estratégicas”, adoptado mediante la Resolución 30 de 2020 de la DSCI, con el propósito de incluir garantías al debido proceso administrativo en lo relacionado con la firma, implementación y evaluación de los contratos de uso de suelo, así como en los acuerdos de conservación y los programas de pagos por servicios ambientales con familias PNIS.
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