La intervención respalda las pretensiones de los demandantes orientadas a permitir que las parejas conformadas por personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil y que se declare la inconstitucionalidad de la definición de la procreación como uno de los fines del contrato en cuestión. De este modo se pretende que se fortalezca y amplíe a nuevos casos el precedente constitucional en materia de protección de los derechos de las parejas constituidas por personas del mismo sexo, el cual se ha venido consolidando desde el año 2007.