La intervención se refiere a tres aspectos de la ley de víctimas. El primero es la fijación del 1º de enero de 1985 como fecha a partir de la cual se reconocerían las víctimas a reparar por medio de esta ley. El segundo es la exclusión de las víctimas de delincuencia común. Finalmente, respaldamos la solicitud de inconstitucionalidad de la exclusión de las víctimas pertenecientes a los grupos armados ilegales, pues consideramos que esta no se fundamenta en ningún fin constitucional.