Dejusticia intervino para apoyar la demanda en contra de esta norma, en la cual se solicita su inexequibilidad bajo la idea de que la prohibición constitucional del porte y consumo de estupefacientes sustituye parcialmente la Constitución, en tanto introduce una excepción al modelo de autonomía personal. Para respaldar este argumento, la intervención se concentra en aportar a la doctrina constitucional sobre el juicio de sustitución, proponiendo la tesis de que el poder de reforma constitucional que ejerce el Congreso a través de actos legislativos es menor que el ejercido por el pueblo a través del referendo y la Asamblea Constituyente y que, por tal razón, tratándose de reformas mediante acto legislativo -como la de este caso-, el juicio de sustitución debe ser más amplio que el se aplica frente a reformas en la cuales interviene directamente el pueblo.