Intervención: Proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública

Paula Rangel Garzón
noviembre 2, 2012

La alianza Más información, más derechos de la que hace parte Dejusticia, presentó una intervención ante la Corte Constitucionalidad sobre el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública.

La alianza “Más información, Más Derechos” de la que hace parte Dejusticia, la FLIP, Transparencia por Colombia, Ocasa y el PAN, con apoyo de Gómez-Pinzón Zuleta Abogados, presentó una intervención ante la Corte Constitucionalidad sobre el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública. En ella solicitamos que se declarara inconstitucional: el parágrafo del artículo 5 que exceptúa de la aplicación de la ley a los documentos relacionados con defensa, seguridad nacional y relaciones internacionales; y un apartado del artículo 21 que permitía que los servidores públicos negaran tener en su poder información solicitada.

Apoyamos la constitucionalidad condicionada de: el artículo 18 que restringe el acceso a la información cuando cause un daño al derecho a la intimidad, siempre y cuando en el caso de servidores públicos la información de hoja de vida e historia clínica no pueda reservarse si tiene relevancia pública; así como el acceso restringido a los documentos en construcción siempre que estos sean públicos, una vez tomada la decisión por la administración y su reserva no afecte derechos de terceros. También apoyamos la constitucionalidad del artículo 19 que permite la no divulgación de información, siempre que se cumpla con los demás requisitos de la ley para ello.

Dejusticia, la FLIP, Transparencia por Colombia, Ocasa and PAN, with support from the Law Office of Gómez-Pinzón Zuleta, presented an amicus before the Constitutional Court requesting that the Court declare article 5 and 21 the proposed law of transparency and access to public information unconstitutional. Article 5 exempts documents related to defense, national security and international relations from the law, while article 21 permits public officials to deny requests for information. We argue for conditional constitutionality of article 18, which restricts access to information that infringes on the right to privacy, provided that public officials may not restrict access to their resumes and clinical records when relevant to public interest. We also argue that unfinished documents must be public. We also support the constitutionality of article 19, which permits the non-disclosure of information, provided it complies with other legal requirements for non-disclosure.


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