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Le pedimos a la Corte Constitucional que analice la situación de desplazamiento climático en Providencia

Se necesitan medidas urgentes para salvaguardar tres derechos de la población raizal: el acceso a la información, el territorio y la consulta previa.

El pasado 16 de diciembre de 2021 presentamos una intervención ante la Corte Constitucional en el caso de la tutela que pidió declarar la situación de desplazamiento climático en Providencia tras el paso del huracán Iota. Desde Dejusticia apoyamos esta solicitud argumentando que ese desastre natural generó una vulneración masiva de los derechos fundamentales de la población raizal.  

En primer lugar, explicamos que el cambio climático tiene un impacto directo en los derechos humanos y cómo el caso de Providencia es una muestra de ello. Los habitantes de la isla han vivido afectaciones en su vivienda, acceso al agua, salud, seguridad alimentaria, entre otros. 

Además, muchos de ellos han tenido que desplazarse de la isla, especialmente hacia San Andrés y a los municipios del Caribe colombiano. Esto representa un riesgo para la pervivencia de la cultura del pueblo étnico raizal, y que mantiene una relación física, ecológica y social con el territorio insular.

También argumentamos que en Colombia existe un vacío en la atención de personas desplazadas por cuestiones de cambio climático. Esto le impide al Estado generar unas medidas mínimas para proteger a las víctimas. Sin embargo, es innegable la experiencia del país en la creación e implementación de políticas dirigidas a atender a la población desplazada por el conflicto armado. En ese sentido, proponemos partir de esta experiencia y ordenar medidas para los casos de desplazamiento climático, mientras existe una regulación en el tema. 

En este caso particular, pedimos que se tomen medidas para salvaguardar al menos tres derechos que las víctimas de Providencia están viendo vulnerados:

  • El acceso a la información: garantizar la publicidad, en lenguaje accesible, del Plan de Reconstrucción de Providencia y de las medidas que se han tomado para mitigar el impacto del huracán.
  • El derecho al territorio: promover medidas claras para impedir que los y las raizales se vean obligados a vender sus tierras y abandonar su territorio ancestral. Es necesario garantizar los derechos territoriales del pueblo raizal y evitar que la tierra sea comercializada en favor de terceros.
  • La participación: asegurar la participación de la población raizal en el Plan de Reconstrucción de Providencia, particularmente porque en él se plasman decisiones clave para el futuro de la isla. Es necesario realizar la consulta previa con la comunidad raizal.

*Crédito de la imagen: EFE/ Juan David Suárez Corpas


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