Esta semana la Suprema Corte de Justicia de México descartó la solicitud de invalidar el etiquetado nutricional que actualmente se utiliza en alimentos y bebidas de ese país. La petición, presentada por la organización civil El Poder del Consumidor buscaba la modificación del sistema actual de etiquetas, que impide a los consumidores informarse adecuadamente sobre lo que compra. A pesar de que la petición contaba con el respaldo de ocho organizaciones latinoamericanas, incluyendo a Dejusticia, las cuales presentaron una intervención ante esa Corte (argumentando la necesidad de proteger los derechos de los consumidores), el tribunal rechazó la solicitud, y solicitó un segundo debate para emitir un fallo definitivo.

¿Por qué México necesita promover etiquetados claros?

Se estima que México es el país más obeso de América Latina y uno de los más obesos del mundo. El problema es crítico, pues va más allá de la percepción del exceso de peso: la mala alimentación puede llevar a adquirir enfermedades crónicas de por vida, altos costos de atención médica y, en varios casos, muertes prematuras. Una epidemia que los científicos han denominado “el cambio climático de la salud pública”.

Las cifras de consumo de productos no saludables en las dietas mexicanas son alarmantes. En 2013 México fue el país con mayor venta per cápita de comida chatarra, con una venta anual de 212.2 kilos. Los expertos señalan que ese nivel de consumo estaría influyendo con el incremento del sobrepeso y la obesidad en el país, que según las cifras, afecta alrededor de 72% de los adultos y 30% de niños y adolescentes.

Para enfrentar esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido a los gobiernos regular la información disponible en las etiquetas nutricionales. Dado que la etiqueta es el primer acercamiento del consumidor con el producto, esta debería proporcionar información nutricional útil que le ayude a tomar una decisión informada.

Desde hace unos años México se dio a la tarea de seguir las recomendaciones de la OMS y adoptó un etiquetado nutricional para informar mejor a los consumidores. No obstante, su esfuerzo terminó en un intento fallido, pues el modelo que eligió, el Guideline Daily Amount (GDA) —el cual indica con porcentajes la cantidad de calorías, grasas, sodio/sal y azúcares de cada producto— no se entiende y desinforma. Según un estudio adelantado por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, sólo un 2% de estudiantes de nutrición pudieron interpretarlo correctamente en un margen de tiempo razonable.

En el 2015,  la ONG El Poder del Consumidor interpuso un recurso de amparo (similar a una acción de tutela en Colombia) en contra del modelo de etiquetado GDA, donde cuestiona que el etiquetado utilizado en México es impulsado por la propia industria de alimentos y no por un grupo de expertos libre de conflictos de interés. Además, afirma que el formato no es claro y tiene parámetros engañosos para la determinación de los porcentajes.

En primera instancia, en 2016 un Juez de Distrito resolvió el amparo reconociendo los problemas del etiquetado. Sin embargo, en el 2017, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Procuraduría Federal del Consumidor apelaron el fallo ante un Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal decidió que, debido a la importancia y trascendencia del caso, la decisión debería ser tomada por la Suprema Corte de Justicia Nacional de México.

Nuestra intervención

El pasado 20 de agosto siete organizaciones de la sociedad civil, de Latinoamérica (Corporate Accountability, Red PaPaz, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Educar Consumidores, el Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor y ACT Promoción de Salud y Dejusticia), presentamos un amicus curiae referente al amparo en revisión de El Poder del Consumidor vs. Etiquetado GDA.

En nuestra intervención ante la Corte manifestamos que el modelo de etiquetado GDA no responde a un enfoque de derechos humanos, pues no brinda la información necesaria para que un consumidor promedio pueda tomar decisiones informadas de consumo alimentario.

En consecuencia, para las organizaciones latinoamericanas intervinientes, se hace necesario que, en virtud de las obligaciones que tiene el Estado Mexicano de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de la población, se tutelen a favor los derechos de los individuos a la salud y la alimentación mediante el favorecimiento de un sistema de etiquetado nutricional interpretativo, de fácil comprensión para todos los grupos poblacionales.

En caso de que los magistrados de la Corte reconsideren aprobar el amparo en su segundo debate, las empresas del sector de alimentos y bebidas se verían obligadas a cambiar la composición de sus etiquetas y la forma en que muestran al público los componentes de sus productos; sobre todo en lo referente a azúcar, sodio y grasas.

Uruguay se suma a Chile en la batalla a favor de las etiquetas claras, ¿y Colombia?

Mientras en México parecía desvanecerse la discusión, ésta semana (29 de agosto) el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, confirmó, por medio de la firma de un decreto, la implementación del modelo de etiquetado frontal de advertencia —también conocido como tipo pare—, aplicado en Chile desde 2016. Según la Organización Panamericana de la Salud, el modelo chileno es reconocido como el sistema de etiquetado más explícito y fácil de entender de los que hay disponibles. Esta experiencia ha motivado a otros gobiernos como los de Colombia, Perú, Canadá y Brasil a explorar medidas similares en sus territorios.

En el caso de Colombia, en julio del 2017 fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretendía adoptar un modelo de etiquetado con sellos de advertencia. Sin embargo, durante su segundo debate en la plenaria de Cámara de Representantes, “le quitaron el alma al proyecto de ley” debido a las fuertes presiones de diferentes actores privados. Finalmente, los apartes que definían la propuesta de etiquetado nutricional fueron eliminados del articulado.

Si bien activistas en salud pública de América Latina tienen grandes expectativas frente a la efectividad del etiquetado explícito de advertencia nutricional, ésta no es una batalla fácil, si se tienen en cuenta las prácticas deshonestas de interferencia de la industria de comida chatarra para evadir cualquier medida de regulación. A pesar de ello, quienes consideran que el consumo informado es un derecho humano seguirán trabajando para adoptar medidas progresivas que protejan la salud pública.

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• Intervención EPC vs. GDA