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Nuestros argumentos para mantener el pago de regalías por parte de las empresas extractivas

En nuestra intervención ante la Corte Constitucional explicamos que las regalías son obligatorias y pueden coexistir con los impuestos.

Desde que el Congreso aprobó la última reforma tributaria, en noviembre de 2022, varios de sus artículos han sido demandados ante la Corte Constitucional. Uno de ellos es el 19, que prohíbe deducir las regalías del impuesto sobre la renta que pagan las empresas extractivas. Desde Dejusticia presentamos una intervención ante la Corte explicando por qué este artículo debería mantenerse.


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Las regalías son obligatorias

Primero, vale la pena recordar que las regalías son una contraprestación económica que deben pagar las empresas extractivas por el uso de recursos naturales no renovables. En este sentido, como explica Rodrigo Uprimny, investigador senior de Dejusticia, “la demanda olvida que existe una obligación constitucional de pagar regalías por el solo hecho de explotar un recurso no renovable. La razón es que si usted usa un recurso no renovable, como el oro o el petróleo, que se agota, usted paga por ese progresivo agotamiento y porque eso es propiedad de la Nación”.

Según la Constitución, el pago de regalías es un deber obligatorio. Como argumentamos, lo inconstitucional sería permitir la deducción de las regalías, pues quien explota los recursos no renovables no estaría pagando integralmente su contraprestación y quien asumiría en parte el costo económico, ambiental y social de la explotación de esos recursos sería el Estado, es decir, todos los contribuyentes.

Ninguna ley puede entonces permitir que las regalías sean descontadas del impuesto a la renta. Si esto ocurre, “no habría pago efectivo integral de las regalías: aquello que el contribuyente desembolsa como regalía por explotar un recurso no renovable lo recupera parcialmente como deducción para determinar la renta gravable”, como explicamos en nuestra intervención.

Impuestos y regalías pueden convivir

También argumentamos que los impuestos y las regalías son compatibles, como lo ha establecido la Corte Constitucional en su jurisprudencia. La sentencia C-1071 de 2003 estableció que ninguna norma constitucional lleva a la exclusión del pago de las regalías frente al pago de tributos por parte de quienes explotan los recursos naturales no renovables. Además, dejó explícita la posibilidad de que el Congreso, además de cobrar las regalías, gravara las actividades extractivas. En este sentido, los legisladores siguieron esta premisa al prohibir la deducción de las regalías. 

La norma no viola la justicia tributaria

Los demandantes consideran que la norma va contra los criterios de justicia y equidad tributarias pues, al prohibir la deducción de las regalías, las empresas terminan pagando el impuesto sobre ingresos irreales que no atienden a su capacidad económica. Esto no es correcto porque el impuesto de renta se liquida en proporción a las utilidades que generan las empresas. 

Para los demandantes, las regalías son un gasto en el que incurren las empresas y por eso debería permitirse su deducción. Desde Dejusticia explicamos que las regalías no son un gasto sino una contraprestación por el uso de recursos no renovables. 

No existe un trato desigual

Según los demandantes, existe un trato desigual al impedir que las empresas mineras y petroleras deduzcan su contraprestación (regalías) mientras que sí se permite la deducción de contraprestaciones a quienes explotan otros recursos naturales del Estado, como las playas o el espectro electromagnético. Desde Dejusticia consideramos que esta comparación no es válida ya que existen diferencias entre los casos; por ejemplo, las regalías se pagan por usar recursos que se agotan con el paso del tiempo, además tienen una finalidad ambiental y social, lo que no ocurre en los otros casos. Es por eso que el Congreso puede regularlas de manera diferente. 

Por todas estas razones consideramos que la prohibición de deducir las regalías del impuesto de renta debe mantenerse. “Creemos que en el fondo esta es una demanda en defensa de los privilegios de las industrias extractivas y que privaría de recursos muy importantes al Estado colombiano”, aseguró Uprimny. 

FOTO: EFE/Christian Escobar Mora

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