En noviembre de 2020, tras el paso del huracán Iota sobre las islas de Providencia y Santa Catalina, la Armada Nacional retomó una vieja iniciativa para construir una base de guardacostas en la desembocadura del arroyo Bowden, en el sector de Old Town. Este proyecto ya había sido rechazado por la población raizal a través de un proceso de consulta previa entre 2015 y 2017, debido a su preocupación por un asentamiento militar en una zona con alta densidad de población civil y los daños irreversibles que la construcción y uso de dicha estación podrían traer para el estuario y su manglar colindante.

Antes de Iota, la cooperativa de pescadores Fish and Farm tenía un pequeño muelle en el sector que desapareció tras el ciclón. Fue en ese sector en donde la Armada Nacional inició la «reconstrucción» de su base de guardacostas, la cual nunca ha existido, y se estableció en la zona. Lo primero que construyó fue un muelle nuevo y, al hacerlo, bloqueó el ingreso de las embarcaciones pesqueras que arribaban en la cooperativa. Por ello, varios pescadores de la isla se afincaron junto a las tiendas de campaña de la Armada y por más de dos años permanecieron en el Dignity Camp, un campamento permanente para rechazar la instalación de una estación militar en la desembocadura del arroyo.

Asimismo, presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés para que protegiera sus derechos colectivos, así como de toda la población raizal, al uso y goce del ambiente sano y la preservación de los ecosistemas marítimos amenazados. El Tribunal se guió bajo estos principios y, en diciembre de 2021, emitió una medida cautelar para que la Armada suspendiera toda actividad hasta que una sentencia de fondo fuese proferida.

Ahora, tras año y medio de haber estudiado el caso, el Tribunal ha ordenado a la Armada Nacional seguir las medidas administrativas impuestas por Coralina y la Alcaldía de Providencia y, por lo tanto, abstenerse “de realizar cualquier tipo de construcción dentro de la zona de influencia del buffer del manglar, drenaje del gully (arroyo) y zona de playa del sector de Old Town”. Esto significa que la Armada Nacional no podrá intervenir este lugar estratégico de la isla de Providencia debido a que las afectaciones ambientales vulnerarían los derechos fundamentales de la población raizal.

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Esta sentencia es esencial debido a la evidente vulnerabilidad ambiental en la que se encuentra, no solo la isla de Providencia, sino el archipiélago de San Andrés, algo que se ha agravado debido a la crisis climática, como ya mencionó la Corte Constitucional en una sentencia reciente sobre la reconstrucción de las islas tras la tragedia provocada por el huracán Iota.

Si desea saber más sobre la lucha de la población raizal para proteger su territorio luego del paso del huracán Iota, le recomendamos ver el documental Providencia: la tormenta después del huracán.

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