La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 —de la cual Dejusticia hace parte, junto con otras organizaciones y personas— lanzó su cuarto informe de seguimiento a la crisis humanitaria que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario, el cual responde al informe semestral presentado por el Gobierno Nacional a la Corte Constitucional.

En este informe, la Comisión concluye que la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad persiste, y que es imperativo que el Estado implemente una estrategia para reformar la política criminal y superar el estado de cosas inconstitucional de las cárceles colombianas.

La Comisión analiza las dificultades que ha enfrentado el Estado para formular una política criminal racional, sostenible y respetuosa de los derechos humanos. El criterio de reforma ha sido incoherente, pues se siguen presentando y aprobando reformas contradictorias al sistema penal. Por ejemplo, hoy se tramitan en el Congreso proyectos de ley que aumentan penas o restringen el uso de medidas alternativas como la prisión domiciliaria, y a la vez, de manera contradictoria, se adelantan proyectos que reducen penas o que amplían las medidas alternativas.

Además, los intentos de reforma que buscan racionalizar el sistema penal son en realidad insuficientes para contrarrestar los reiterados aumentos de penas que ha habido desde el año 2000, los cuales provocaron las altas tasas actuales de hacinamiento y de privación de la libertad.

En cuanto al estado de cosas inconstitucional que hay actualmente en las cárceles de Colombia, la Comisión identifica varios de los aspectos que hacen mella en la actual crisis en los temas de alimentación, salud y acceso a la justicia, al punto de caer en tratos inhumanos y degradantes.

El informe concluye que la prestación del servicio de alimentación presenta muchos problemas, incluyendo la corrupción en la celebración de contratos de alimentos con privados, las deficiencias de la alimentación de mujeres gestantes y lactantes y de la población recluida con afectaciones a la salud.

En cuanto a la garantía del derecho a la salud, es claro que existen muchos problemas, como la falta de personal médico y una adecuada infraestructura. También es recurrente la escasez de medicamentos e insumos en ciertos establecimientos y hace falta una política de prevención de enfermedades.

Además, hay dificultades de acceso a la justicia y a la administración en las diferentes fases de criminalización, que incluyen la falta de una defensa penal efectiva en la fase de judicialización, o la aplicación adecuada de beneficios penales como la prisión domiciliaria y la libertad condicional, entre otros.

La Comisión también encontró que a pesar de algunos avances en la implementación del enfoque diferencial en el sistema penitenciario, aún falta mucho para hacer respetar los derechos de poblaciones vulnerables con necesidades especiales, como las mujeres, las personas con discapacidad, la población mayor o la población LGBTI. Por ejemplo, en la actualidad faltan reglas claras para garantizar el ejercicio efectivo de la visita íntima por parte de población LGBTI recluida en cada establecimiento, y la implementación de una política diferenciada de salud femenina todavía es precaria.

Frente a esta situación, la Comisión hace un llamado para que el Estado colombiano enfrente de la crisis mediante reformas estructurales a su política criminal en todas sus fases (legislativa, judicial y penitenciaria).

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• Respuesta al Informe Semestral del Gobierno Nacional al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, julio de 2018