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Presentamos una demanda para ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad

Argumentamos ante la Corte Constitucional que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia. De lo contrario se estarían vulnerando los derechos de las víctimas y se estaría incumpliendo el Acuerdo de paz.

Desde que Colombia entró en emergencia sanitaria por cuenta de la pandemia, el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) se ha visto profundamente afectado. La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. 

Por eso, las organizaciones de víctimas Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia, presentamos una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 24 del Decreto 588 de 2017 que establecen un periodo de tres años de funcionamiento para la CEV. 

En la demanda, que fue admitida el pasado 14 de julio, argumentamos que estos tres años de trabajo deben ser efectivos para lograr cumplir con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, algo que la pandemia ha impedido. Explicamos que la CEV solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad, lo que corresponde a un 40% de su periodo. El resto del tiempo, si bien no han suspendido las actividades, sí han tenido que trasladarse a la virtualidad y reducir el contacto directo con las comunidades.

Creemos que es necesario que la Corte Constitucional estudie los artículos demandados para concluir que el periodo de tres años debe ser efectivo y encontrar una fórmula que permita compensar el tiempo perdido por la pandemia. Una posibilidad para calcular ese tiempo adicional es tener en cuenta el periodo de un año y dos meses comprendido desde el 12 de marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria en Colombia, y el 31 de mayo de 2021, cuando entró en vigencia la reactivación económica. 

Teniendo en cuenta que el periodo actual de la CEV terminaría en noviembre de este año, las organizaciones demandantes le enviamos un memorial a la Corte Constitucional solicitando que le dé a este proceso un trámite extraordinario bajo la figura de “urgencia nacional”. Esto permitiría acortar los tiempos para emitir la sentencia y que esta llegue en un momento oportuno.

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