Presentamos una intervención a favor del pueblo U’ wa
Instamos a la Corte IDH a ordenar al estado colombiano cumplir con sus obligaciones internacionales con los pueblos indígenas y, en especial, con el pueblo u ‘wa.
En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre los daños en contra del pueblo indígena U’ wa debido a actividades extractivas en su territorio. En el informe, la CIDH constató que, gracias a la ejecución de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura desde 1992, el Estado colombiano había violado los derechos de este pueblo indígena. Por ello, en la entrega de su informe, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declarar culpable al estado colombiano por la violación de los derechos a la propiedad colectiva, al acceso a la información, a los derechos políticos, a las garantías judiciales, la protección judicial y a los derechos culturales del pueblo U’ wa.
Además, este pueblo ha sido víctima del conflicto armado. Debido a las actividades extractivas que se han realizado por décadas en su territorio, las fuerzas militares se han disputado el control de este con otros actores armados ilegales. En muchas ocasiones, por habitar cerca de los pozos petroleros, los habitantes han sido sometidos a un fuego cruzado, con todo lo que ello implica: secuestros; destrucción de bienes; la imposición de evitar la entrada de alimentos y medicamentos a las comunidades; e incursiones inconsultas de las Fuerzas Armadas para supervisar los pozos petroleros.
Por ello, redactamos un Amicus Curiae para entregarle a Corte IDH algunos argumentos de importancia sobre las obligaciones de Colombia con respecto a los pueblos indígenas. En especial, insistimos en la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, la cual ha sostenido que la supervivencia de grupos humanos poseedores de una cultura diferente a la mayoritaria, y que se encuentran en situación de vulnerabilidad desde el punto de vista constitucional, depende del reconocimiento y garantía de sus derechos.
Instamos a la Corte IDH a ordenar al estado colombiano cumplir con sus obligaciones internacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, y que el Estado colombiano realice las consultas previas desde una perspectiva intercultural que brinde condiciones de igualdad y se protejan los derechos conexos a la correcta realización de estas consultas.
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