Junto al Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia le solicitamos a la Corte Constitucional que declare que el artículo 1 del Decreto 518 de 2020, por medio del cual se crea el Programa de Ingreso Solidario (PIS), es constitucional en la medida que el monto y la cobertura del Programa Ingreso Solidario garantice el derecho al mínimo vital de todas las personas en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica.

De manera que, como mínimo, se cubran los gastos de alimentación adecuada, vivienda digna y acceso a los servicios públicos domiciliarios como agua, gas, electricidad e internet, mientras las medidas de aislamiento estén vigentes.

En ese sentido, expusimos a la Corte Constitucional las razones por las cuales el PIS es insuficiente y propusimos un modelo de renta básica que garantiza el derecho al mínimo vital durante las medidas de aislamiento, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Estos son nuestros argumentos:

Buscar soluciones para atender a la población en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica no da espera

En el marco de las medidas de aislamiento para mitigar la propagación del COVID-19, quienes se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica sufrirán de manera desproporcionada los impactos negativos a la economía. Esto se debe a que en el marco de las medidas de confinamiento no percibirán ningún tipo ingreso, lo cual afectará gravemente su derecho al mínimo vital.

En Colombia, al menos hay 1’025.512 de hogares en situación de pobreza extrema – aquellos cuyo ingreso per cápita de la unidad de Gasto(UG) se encuentra entre $0 y $117.605 pesos -; 2’820.158 en situación de pobreza – aquellos cuyo ingreso per cápita de la UG se encuentra entre $0 y $257.433 pesos-; y, 5’668.882 de hogares se encuentran en situación de vulnerabilidad- es decir aquellos cuyo ingreso per cápita es inferior a $609.000 de pesos y que pueden caer nuevamente en la pobreza durante la crisis.

En este escenario, argumentamos que el Programa Ingreso Solidario debe asegurarse que todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad puedan asumir los gastos derivados de una vivienda digna, una alimentación adecuada y servicios públicos domiciliarios: agua, gas, electricidad e internet, lo que garantiza su derecho al mínimo vital de acuerdo a los estándares que la Corte Constitucional y los instrumentos de derechos humanos internacionales han fijado.

Así mismo, sostenemos que el Programa debe garantizar el acceso de todas las personas que cumplan con las condiciones para ser beneficiarios en igualdad de condiciones. De lo contrario se está dando un trato diferenciado injustificado a personas que comparten condiciones de vulnerabilidad económica que no pueden superar por cuenta propia.

Por último, argumentamos que si el Programa no garantiza el derecho al mínimo vital en igualdad de acceso, las personas se verían obligadas a desacatar el aislamiento. Esto llevaría al incumplimiento de las medidas destinadas a combatir la pandemia y proteger la salud pública. ¿Cómo puede ser cumplido el aislamiento si el gobierno no garantiza un ingreso alterno mientras dure la cuarentena?

El Programa Ingreso Solidario es insuficiente para garantizar los derechos de esta población

Hasta el momento de presentar nuestra intervención, el Programa Ingreso Solidario ha cubierto a 1’535.245 hogares con el objetivo de llegar a 3 millones de hogares, según información del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esto deja a un lado a un número de personas que necesitan un ingreso mínimo para cubrir sus necesidades más básicas. Además, la transferencia estipulada por hogar de 320.000 pesos durante dos meses, es muy inferior al umbral de pobreza monetaria, es decir que no alcanzaría para cubrir los gastos derivados de las necesidades básicas de los hogares más vulnerables durante la pandemia.

Una propuesta viable con base en la teoría de la renta básica universal

Por último, proponemos la implementación de un Ingreso básico que garantiza los derechos de la población en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica como medio para mitigar la crisis económica prevista por la pandemia. La propuesta dinamiza el consumo y la demanda interna, lo que permite reactivar sectores de la economía que se encuentran actualmente afectados por la disminución del consumo. Esto beneficiaría a los hogares con menos ingresos y altos niveles de incertidumbre.

En ese sentido, presentamos un cálculo de los costos que tendría el Programa Ingreso Solidario si garantiza el derecho al mínimo vital de la población más vulnerable económicamente en Colombia durante la pandemia (entre 1,5 y 2,9% del PIB para tres meses dependiendo del monto y cobertura) y las posibles fuentes de financiación que tiene el Estado para hacerlo posible.

Los esfuerzos para disminuir el contagio de la COVID-19 han tenido efectos positivos durante las últimas semanas, pero tales esfuerzos deben ir de la mano de la garantía del mínimo vital para todas las colombianas y colombianos.

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• Intervención Ingreso Básico - COVID19