Esta demanda contra el Ministerio de Comunicaciones se debe haber omitido de manera continua desde el momento en que las emisoras comunitarias fueron creadas legalmente, la apertura de una convocatoria pública para dar en concesión el servicio público comunitario de radiodifusión sonora a una o más emisoras de la capital del país, a pesar de que no existe ninguna causal legal que le impida llevar a cabo tal apertura.