Intervención decreto 417 2020

Solicitamos a la Corte Constitucional establecer parámetros para proteger la democracia y nuestros derechos fundamentales durante la pandemia

En nuestra intervención solicitamos a la Corte Constitucional que las tenga en cuenta y establezca parámetros claros para la protección de nuestra democracia y los derechos fundamentales de las personas que habitan Colombia durante la pandemia del COVID-19.

La pandemia del COVID-19 presenta por lo menos seis desafíos para el Estado de Derecho y la garantía de derechos fundamentales en Colombia. Desde Dejusticia acudimos ante la Corte Constitucional para pedirle que, al revisar la constitucionalidad del decreto que declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a raíz de la propagación del virus, tenga en cuenta estos desafíos y fije pautas para proteger la democracia colombiana y los derechos de las personas, comunidades y poblaciones más vulnerables. 

¿Qué le pedimos a la Corte frente a estos seis riesgos?

Concretamente, le pedimos a la Corte Constitucional que declare exequible la declaratoria del estado de emergencia, pero que:

1. Prevenga al Gobierno para que ejerza sus facultades de forma compatible con el respeto por el Estado Social y Democrático de Derecho y la protección de los derechos fundamentales sin discriminación alguna.

2. Exhorte al Congreso de la República para que cumpla su función de control política de forma completa y adecuada.

3. Avoque conocimiento sobre los decretos que ordenaron el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional.

Riesgos para el Estado de Derecho, la Democracia y el control al poder 

En primer lugar, están los riesgos para el Estado de Derecho, la democracia y el sistema de control al ejercicio del poder en situaciones excepcionales que fue diseñado en la Constitución de 1991.

1. Las claras deficiencias que ha presentado el Congreso de la República para ejercer su función de control político al ejercicio de las facultades extraordinarias que ha ejercido hasta ahora el Gobierno.

2. Las suspensiones problemáticas al trámite de acciones constitucionales que implementó en su momento la Corte Suprema de Justicia.

3. La dificultad de abordar la crisis en un marco temporal de noventa días, como exige el artículo 215 de la Constitución, ya que probablemente la crisis se extienda en el tiempo. 

Riesgos para la garantía de derechos fundamentales

En segundo lugar, están los riesgos para la garantía de derechos fundamentales de quienes habitan el territorio colombiano.

4. Una de las cuestiones fundamentales es la de la restricción fuerte a derechos fundamentales a través de decretos ordinarios por parte del Gobierno. Si bien es necesario aislar a la población para impedir la propagación del virus, hacerlo en ejercicio de poderes ordinarios, como lo hizo el Gobierno a través de los decretos 457, 531 y 536 de 2020, es problemático desde el punto de vista constitucional. 

5. Otra es la necesidad de tomar medidas suficientes para garantizar la vigencia de la prohibición de discriminación en Colombia y garantizar que las acciones estatales estén dirigidas a mitigar el impactos que sufren desproporcionadamente personas, comunidades y poblaciones que ya están inmersas en dinámicas de discriminación, invisibilización y olvido institucional. Un ejemplo claro es el de la obligación de garantizar el acceso al agua de toda la población que requiera una cantidad para una vida en condiciones dignas.

6. Por último está la obligación de mantener vigente la obligación de transparencia y acceso a información pública en el marco de la crisis con el fin de garantizar que las personas tengan conocimiento tanto sobre la dimensión del fenómeno como sobre las medidas necesarias para mitigarlo y las medidas tomadas por el Gobierno al respecto. La decisión de ampliar los términos de respuesta a peticiones presentadas puede ser problemática en este sentido.

Necesitamos parámetros claros

Algunos de los riesgos presentados son inherentes a la crisis, como la duración de la pandemia y las dificultades que plantea frente al artículo 215 constitucional, otros vienen de acciones u omisiones de las instituciones colombianas, como la renuencia del Congreso de la República a cumplir su función de control político. En nuestra intervención solicitamos a la Corte Constitucional que las tenga en cuenta y establezca parámetros claros para la protección de nuestra democracia y los derechos fundamentales de las personas que habitan Colombia durante la pandemia del COVID-19.


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