El pasado 25 de junio presentamos una intervención ante la Corte Constitucional en el caso de presunto acoso escolar y sexual en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En ella pedimos que se protejan los derechos de las estudiantes a vivir una vida libre de violencias. 

Este caso se remonta a 2010, cuando varias estudiantes empezaron a denunciar ante las autoridades de la Universidad a Carlos Julio Arrieta, profesor de la carrera de Matemáticas, por acoso sexual y maltrato. Ante este silencio injustificado, en 2019 se conoció una denuncia pública firmada por 131 estudiantes quienes denunciaban estos hechos y reclamaban una respuesta clara y efectiva.  Varias de esas denuncias también llegaron a la Fiscalía, a la Personería Distrital y al Ministerio de Educación, pero tampoco hubo una respuesta oportuna. 

Finalmente, el 5 de junio de 2020 un grupo de estudiantes —presuntas víctimas del profesor Arrieta— interpusieron una acción de tutela en contra de la Universidad, de Carlos Julio Arrieta, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación y la Personería de Bogotá. Con ella buscan la protección de sus derechos fundamentales a la integridad física, psíquica y moral, a la igualdad y la no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la educación. Esta tutela se encuentra en este momento en estudio de la Corte Constitucional. 

En nuestra intervención ante la Corte argumentamos que todas las entidades —la Universidad, la Personería, la Fiscalía y la Procuraduría— han omitido sus responsabilidades para prevenir y sancionar la violencia de género en el ámbito educativo. Primero, por haber dilatado injustificadamente la recepción de denuncias, luego por no avanzar en el trámite de la investigación contra el profesor, por no ofrecer medidas de protección para salvaguardar a las denunciantes y por no tener un protocolo que cumpla garantías mínimas de debido proceso, prevención y no repetición.

Por estas razones le solicitamos a la Corte proteger los derechos de las estudiantes y ordenar lo siguiente:

– Que la Universidad pida disculpas públicas a las estudiantes por su falta de diligencia y acompañamiento ante los hechos de acoso escolar y sexual que denunciaron por última vez en septiembre de 2019 y que no tramitaron de manera adecuada.

– Que la Procuraduría General de La Nación avance en el proceso disciplinario en contra del profesor Carlos Julio Arrieta, ante las denuncias interpuestas contra él en 2019.

– Que la Universidad modifique y aplique un protocolo adecuado y completo para la atención a casos de violencia de género. En nuestra intervención presentamos unas recomendaciones sobre los mínimos que deben tener estos protocolos con base en un estudio que hicimos de 13 universidades del mundo que han sido pioneras en la construcción de espacios más seguros para sus estudiantes:

• Definir claramente qué se entiende por violencia de género en sus diferentes modalidades y dar ejemplos claros de estos actos.

• Contemplar un procedimiento y una ruta claros y con garantías de confidencialidad. 

• Especificar claramente las consecuencias de estos actos en el ámbito disciplinario, entre otros.

• Una vez la víctima denuncie, el protocolo debe activarse siempre, contemplando acciones de asistencia: por ejemplo, que se provean mecanismos de protección, salvaguardias inmediatas como el cambio del lugar de trabajo del presunto agresor y asistencia psicológica y jurídica.

• El protocolo debe contar con acciones pedagógicas que no se queden únicamente en la atención de casos de violencia, sino en la prevención de los mismos.

– Que la Universidad modifique el Reglamento de Estudiantes y el Reglamento Interno de Trabajo para que su contenido coincida con el protocolo de atención a casos de violencia de género.

– Que el Ministerio de Educación establezca lineamientos para las instituciones de educación superior en relación con: (i) sus deberes y obligaciones en relación con los casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas; y (ii) las normas que regulan la atención de casos de posible discriminación en razón de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior. 

Lee nuestra intervención en primera instancia:

Solicitamos garantías frente a las denuncias de presunto acoso sexual presentadas por estudiantes de la Universidad Distrital

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