El pasado 9 de octubre, junto con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), le solicitamos a la Corte Constitucional que seleccione y revise la acción de tutela de la periodista Vanessa Restrepo contra el periódico El Colombiano. 

En ella, Restrepo narra los hechos de presunta violencia sexual que habría vivido por parte de uno de sus compañeros de redacción y la respuesta insuficiente de la empresa para atender su denuncia. Solicita, entre otras cosas, que se protejan sus derechos a vivir una vida libre de violencias en su espacio laboral; que se le ordene a la empresa crear un protocolo para prevenir y atender el acoso y abuso sexual; así como un plan de formación sobre violencia de género para todos los trabajadores.

La tutela fue negada en primera y segunda instancia. Sin embargo, creemos que no se ha resuelto la vulneración de los derechos de la accionante y que la Corte debería estudiarla por las siguientes razones:

1. La novedad: La Corte Constitucional no ha discutido sobre la obligación que tienen las empresas privadas de mantener un entorno laboral libre de violencias de género. Esto significa que hay una oportunidad de generar un precedente sobre este tema, especialmente cuando los hechos de violencia sexual ocurren fuera del lugar del trabajo.

2. La urgencia de proteger el derecho a vivir una vida libre de violencias dentro del espacio laboral: La accionante no solo habría vivido la omisión de su empleador para tomar medidas de prevención, investigación y sanción de sus denuncias. También habría sido revictimizada al tener que seguir compartiendo espacios laborales con su presunto agresor. Según su relato, esto se habría agravado en el contexto de la virtualidad pues quedó más supeditada a las instrucciones del denunciado. Todo lo anterior la llevó a renunciar al periódico el pasado 9 de octubre.

3. Los pronunciamientos de instancias internacionales sobre espacios laborales libres de violencias: La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Belém do Pará recomiendan a los estados adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer tanto en espacios públicos como privados. En el mismo sentido, la Relatoría para la Libertad de Expresión manifestó en 2018 que las mujeres periodistas suelen sufrir discriminaciones en su entorno que terminan por afectar directamente el libre ejercicio de su oficio periodístico.

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